La Cámara de Diputados comenzó a analizar el proyecto del Gobierno de Mendoza para crear el Código Unificado de Construcción de Mendoza, una regla que busca establecer criterios comunes para las edificaciones públicas y privadas en toda la provincia. La iniciativa apunta a resolver una situación que hoy genera asimetrías entre departamentos, trámites complejos para los profesionales y demoras en la ejecución de las obras. Entre otros cambios estructurales, la norma propone fijar plazos rigurosos para las inspecciones municipales y actualizar exigencias vinculadas a seguridad, accesibilidad universal y eficiencia energética.

Parámetros comunes de edificación, plazos para inspectores y autonomía comunal

Actualmente, cada municipio cuenta con su propia normativa de edificación y existen diferencias significativas entre comunas, al punto de que algunos departamentos todavía utilizan reglamentaciones antiguas elaboradas por otras jurisdicciones. Según explicó el director de Planificación de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Matías Dalla Torre, esta situación obliga a arquitectos, ingenieros y constructores a adaptarse a requisitos distintos cada vez que presentan un proyecto en un territorio diferente. El nuevo código busca establecer parámetros mínimos comunes para aspectos arquitectónicos, eléctricos, sanitarios, de sustentabilidad ambiental y de prevención de riesgos, incluyendo la construcción antisísmica, un aspecto considerado clave en la provincia.

Uno de los cambios que más interés genera en el sector de la construcción está relacionado con las inspecciones obligatorias que realizan los municipios durante la ejecución de las obras, las cuales suelen paralizar los trabajos por días ante la falta de inspectores. Para dinamizar el sector, el proyecto de ley establece que, si dentro de las 24 horas posteriores al pedido del constructor el municipio no informa la fecha en que realizará la inspección, la obra podrá continuar su marcha normal bajo la exclusiva responsabilidad del profesional a cargo.

A pesar de la unificación de los criterios técnicos, los municipios mendocinos conservarán atribuciones clave en cuanto al control directo de las obras y la planificación urbana. Las comunas seguirán ejerciendo el control edilicio, otorgando habilitaciones, cobrando tasas y derechos de edificación, aplicando multas y fiscalizando los avances de los proyectos. De igual manera, la iniciativa no modifica en absoluto las normas urbanísticas que son competencia exclusiva de cada municipio, tales como la zonificación, los usos permitidos del suelo y las alturas máximas de los edificios en cada zona.

Finalmente, el proyecto de ley prevé la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial que tendrá la función de analizar y validar nuevos materiales y sistemas constructivos modernos. La meta de este espacio es evitar que las empresas y desarrolladores deban iniciar trámites burocráticos por separado en cada comuna cuando aparezcan nuevas tecnologías en el mercado. La propuesta, explicada ante los legisladores por la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, comenzó a elaborarse en 2024 con participación de equipos técnicos municipales, el Conicet, la UNCuyo y colegios profesionales, y continuará su debate en comisiones antes de llegar al recinto de sesiones.