Una causa por presuntos abusos sexuales intrafamiliares conmociona al Este mendocino luego de que la Justicia ordenara la detención de tres integrantes de una misma familia de la localidad de Palmira, en el departamento de San Martín. Los hombres están acusados de haber sometido sexualmente durante años a una mujer que hoy tiene 35 años. La investigación penal se inició formalmente a partir de la denuncia presentada por la propia víctima ante la fiscalía especializada en Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual. Según la acusación, las agresiones habrían comenzado cuando ella era adolescente y se prolongaron durante gran parte de su vida dentro del ámbito de convivencia.

Imputaciones por el vínculo, peritaje genético y el secuestro de armas

El expediente judicial quedó bajo la órbita del fiscal Federico Bergamín, quien avanzó con distintas medidas probatorias que derivaron en las capturas de los sospechosos. El primero en quedar detenido fue el padre de la denunciante, a quien la Justicia imputó por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en una cantidad de hechos que aún no se determinaron con precisión. Con el avance de la causa surgieron nuevos elementos que comprometieron a dos de los hijos del hombre. Uno de ellos fue arrestado bajo la acusación de abusar sexualmente tanto de la denunciante como de una de sus propias hijas, en un contexto de extrema vulnerabilidad.

Uno de los aspectos más impactantes del expediente surgió a partir de la situación de uno de los hijos de la denunciante, un menor que actualmente tiene 10 años de edad. La mujer manifestó ante las autoridades que, debido a los reiterados abusos sufridos, desconocía la identidad del padre biológico del niño. Ante esa situación, la fiscalía ordenó la realización de una serie de estudios genéticos para esclarecer el lazo familiar. Aunque en una primera instancia se analizó al padre de la víctima y se descartó la paternidad directa, el examen médico reveló de manera científica que el progenitor del niño pertenecía indefectiblemente al mismo grupo familiar.

La identificación definitiva del sospechoso faltante se produjo mediante el cotejo de perfiles de ADN incorporados al sistema informático CODIS, utilizado habitualmente en investigaciones penales. Los resultados establecieron una compatibilidad que señaló de forma directa a otro de los hermanos de la denunciante, un efectivo policial de 29 años que prestaba servicios operativos en la Policía Rural de la zona Este. Con esa evidencia científica, el fiscal de la causa ordenó un allanamiento en una vivienda de Palmira ejecutado el pasado miércoles, donde el uniformado fue apresado y se le secuestró su arma reglamentaria, cargadores, municiones, un chaleco balístico y su teléfono celular.

Con los tres integrantes de la familia bajo detención efectiva, la fiscalía continúa reuniendo pruebas testimoniales, pericias y elementos de contenido tecnológico para determinar la magnitud real de los hechos denunciados y establecer las responsabilidades individuales. Fuentes judiciales indicaron que el expediente busca reconstruir una presunta secuencia criminal que se habría extendido en el tiempo y que recién salió a la luz pública cuando la víctima decidió romper el silencio y denunciar lo ocurrido en la oficina fiscal.