Mendoza, de de
Mendoza, de de
El acusado recuperó la libertad bajo estrictas normas de conducta, aunque deberá enfrentar un segundo juicio por coerción ideológica.
Un activista de la protesta antiminera de Uspallata, ocurrida en enero de 2025, fue condenado por el delito de lesiones leves dolosas en perjuicio del presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros. La jueza Claudia Tula, integrante del Juzgado Penal Colegiado Número 2, le impuso a Marcelo Correa Molina, de 26 años de edad, la pena de dos meses de prisión de ejecución condicional. Al tratarse de una pena de ejecución en suspenso, el acusado recuperó la libertad bajo el cumplimiento de estrictas normas de conducta.
La causa judicial fue impulsada por el fiscal Juan Manuel Sánchez, de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y No Especializados. El expediente penal investiga en detalle los graves disturbios acontecidos el 24 de enero del año pasado en la mencionada localidad de alta montaña de Las Heras. Según consta en la acusación, ese día el ahora condenado le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro a Edgardo Vera, titular de la entidad empresaria, provocándole un evidente hematoma en el pómulo derecho.
Los hechos se desencadenaron por la tarde, en momentos en que se procedía a la inauguración oficial de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en la calle Las Heras. Al evento asistían autoridades de la institución, directivos de la intendencia de Las Heras y funcionarios del Gobierno de Mendoza. Fue allí cuando se presentó un grupo de aproximadamente 70 manifestantes antimineros que, junto a integrantes del gremio Uocra que apoyaban la actividad, comenzaron a protestar de forma violenta, logrando apoderarse del escenario y obligando a los invitados a refugiarse en los locales.
La investigación fiscal determinó que un sector de los manifestantes ejerció violencia física mediante puñetazos, patadas y piedrazos para impedir el desarrollo del acto. Incluso, el expediente reseña que otro de los partícipes identificados arrojó líquido inflamable en el frente de un comercio colindante, generando un principio de incendio que provocó quemaduras leves a un hombre y a su nieto de 8 años de edad. Asimismo, el presidente de la cámara denunció haber recibido reiteradas amenazas de muerte previas por parte de otros miembros de la asamblea vecinal.
A pesar de haber recibido esta primera condena condicional y recuperar la libertad tras fijar un domicilio real en Uspallata y pagar una fianza de 500.000 pesos, la situación procesal de Correa Molina es compleja. El joven de 26 años deberá enfrentar en breve un segundo juicio oral en los tribunales provinciales, donde se encuentra imputado junto a otros manifestantes por el delito de pertenecer a una agrupación para la coerción ideológica, una calificación penal prevista en los artículos 89 y 213 bis del Código Penal.
