Mendoza, de de
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La medida busca evitar que los internos tomen contacto no autorizado con el exterior.
El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en su estrategia integral para impedir las comunicaciones ilegales desde el interior de las cárceles provinciales. Mediante el Decreto 1283, publicado formalmente en el Boletín Oficial, el Ejecutivo autorizó el llamado a licitación pública para la adquisición e implementación de un avanzado sistema de inhibición de señal telefónica. La millonaria inversión oficial está destinada a cubrir las estructuras de los complejos penitenciarios Almafuerte I y Almafuerte II.
La medida administrativa lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus. A través del documento, se encomienda de manera directa a la División Compras del Ministerio de Seguridad avanzar con los pliegos y el proceso licitatorio para dotar a la Dirección General del Servicio Penitenciario de estas nuevas herramientas operativas de control.
En los considerados del decreto se detalla que la gobernación había autorizado originalmente una inversión de 2,5 millones de dólares para el proyecto, lo que equivalía en ese momento a unos 3.550 millones de pesos. Sin embargo, debido a las variaciones lógicas del tipo de cambio, el monto total actualizado en moneda nacional asciende ahora a 3.625 millones de pesos, manteniendo el valor inicial en dólares sin ningún tipo de modificaciones.
A diferencia de los sistemas de bloqueo tradicionales que anulan la señal de forma masiva en amplias regiones geográficas, la provincia viene trabajando bajo un esquema de tecnologías de inhibición selectiva. Este formato técnico permite neutralizar con precisión los dispositivos de los internos, pero busca evitar de manera simultánea que se generen interferencias molestas sobre las frecuencias de radio del personal penitenciario o las líneas móviles de los vecinos que residen en las áreas cercanas a los penales.
Esta nueva contratación se enmarca de forma directa en la política estricta que impulsa el Gobierno provincial para restringir y eliminar el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos de reclusión. Durante los últimos años, las requisas de la Provincia avanzaron decididamente en el retiro físico de estos dispositivos de comunicación y en la incorporación permanente de plataformas digitales avanzadas para fiscalizar los movimientos y contactos de la población carcelaria.
La nueva inversión de 3.625 millones de pesos representa un incremento presupuestario significativo respecto de la licitación realizada durante el pasado año 2025, cuando las arcas públicas habían destinado poco más de 2.300 millones de pesos para incorporar georreferenciación. Una vez que el proceso sea preadjudicado, la empresa seleccionada deberá realizar el despliegue técnico en Almafuerte I y II, considerados los penales de mayor capacidad y criticidad de Mendoza.
