Mendoza, de de
Mendoza, de de
La Unión Vitivinícola Argentina y Bodegas de Argentina rechazaron tajantemente la resolución que autoriza incrementos de hasta un 90% en los aranceles del INV. Alertan sobre graves pérdidas de competitividad.
La Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y Bodegas de Argentina expresaron un rotundo rechazo a la Resolución 102/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La normativa impone una suba de aranceles de hasta casi un 90% en los servicios de control, inspección y análisis que realiza el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), una medida que genera fuerte alarma en el sector socioeconómico regional.
Desde el Gobierno nacional argumentan que la actualización busca garantizar el autofinanciamiento del INV sin requerir fondos del Tesoro Nacional para sus gastos operativos y deudas. Sin embargo, la UVA denunció que la disposición representa un aumento liso y llano de los costos empresarios en un escenario crítico, atravesado por la caída del consumo interno y la dura competencia internacional.
Por su parte, Bodegas de Argentina solicitó la revisión urgente de la norma. Aunque reconocieron el incremento en los costos operativos del organismo estatal, remarcaron que las empresas del sector operan con márgenes de ganancia sumamente deteriorados y no poseen capacidad para absorber nuevos gravámenes.
Los nuevos valores regulados por el INV abarcan desde $50.000 diarios por inspector en verificaciones hasta $75.000 por controles en viñedos. Además, se aplican tasas por cada kilogramo de uva ingresado y aumentos significativos en la calibración de instrumentos, tratamientos de muestras de laboratorio y certificaciones de exportación.
Ambas entidades gremiales coincidieron en que el Estado debe redoblar los esfuerzos de eficiencia fiscal en lugar de trasladar compromisos financieros a la producción. Alertan que encarecer los trámites regulatorios en este momento pone en riesgo la continuidad operativa de pequeñas y medianas bodegas a lo largo y ancho del país.
