La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) prestará declaración este viernes como principal acusada en el juicio por genocidio a miembros de su gobierno, después de perpetrar un golpe de Estado contra el entonces mandatario boliviano Evo Morales, informó la Fiscalía General.

El Gobierno actual acusó al ex presidente Mauricio Macri de proveerle de armas para disuadir las protestas. El documento se reveló este jueves y generó un profundo impacto en el arco político.

"Dentro de la proposición acusatoria presentada por las víctimas de Sacaba y Senkata, se inició la investigación de juicio de privilegios a través de la Fiscalía General del Estado; por ello se ha previsto la declaración de la señora Jeanine Áñez para el día de mañana", expresó esta noche en rueda de prensa el fiscal general, Juan Lanchipa.

La ciudad de Sacaba, en el departamento central de Cochabamba, y el barrio Senkata, en la ciudad de El Alto, son dos de los lugares donde operaciones represivas de militares y policías causaron una treintena de civiles muertos en los primeros días del malogrado mandato de Áñez.

Áñez será interrogada por primera vez en condición de expresidenta, pues los hechos denunciados como masacres ocurrieron en su ejercicio de la Presidencia, a diferencia del juicio penal ordinario por el que cumple detención preventiva, en el que está acusada en condición de exsenadora.

Áñez enfrenta cargos de sedición, autoría de golpe de Estado y violación de la Constitución, entre otros.

Lanchipa dijo que debido a la pandemia de coronavirus la exgobernante será interrogada en la cárcel de mujeres de La Paz, donde está recluida desde marzo.

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La autoridad judicial añadió que él mismo dirigirá el interrogatorio vía Internet desde su oficina en la ciudad sureña de Sucre, consignó la prensa local y la agencia de noticias Sputnik.

La demanda de juicio de responsabilidades por genocidio fue presentada por 20 familiares de muertos y heridos en esas masacres políticas de 2019, en las que los militares intervinieron amparados en un decreto de Áñez que los liberó anticipadamente de responsabilidades penales.

A principios de esta semana, Lanchipa dijo que prevé concluir en agosto la investigación del caso para presentar eventualmente una proposición acusatoria formal al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que requerirá luego la autorización parlamentaria para procesar a la exdignataria derechista.

El TSJ envió a fines de junio al parlamento sendas solicitudes de autorización para otros tres juicios de responsabilidades contra Áñez, planteados previamente por la Fiscalía por delitos económicos y administrativos.