Los nueve detenidos por el caso "Waltergate", en el que está involucrado el juez federal de Mendoza Walter Bento, se negaron a declarar durante la tarde de este viernes a las requisitorias de Eduardo Puigdéndolas, juez federal de San Rafael, y de Dante Vega, fiscal general. Se trata de Matías Aramayo, Martín Ríos y Luciano Ortego, abogados del foro local, que están imputados por la asociación ilícita y cohecho en seis casos. A ellos se les suman seis personas que hacían las veces de sobornadores, quienes están acusados de cohecho activo agravado. Así y todo, estas nueve personas permanecen detenidas.

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El mismo juez federal, junto a su esposa Isabel Boiza, se encuentran imputados sin prisión preventiva. Los investigadores descubrieron que Bento y su mujer utilizaron su matrimonio, en forma de sociedad conyugal, para adquirir inmuebles y realizar "conjunta o alternativamente numerosos traslados al exterior sin ninguna justificación". Asimismo, se supo que dos de sus tres hijos eran utilizados para "canalizar el dinero hacia emprendimientos comerciales y económicos, figurando ellos como titulares de los bienes".

Además de estas nueve personas y de Bento junto a su mujer, se suman cuatro personas que, se sospecha, integraban dicha asociación. El fin de este procedimiento era cobrar coimas a personas imputadas en causas relacionadas al narcotráfico, para después beneficiarlas con resoluciones judiciales.

Cómo se desarmó la banda delictiva

En marzo del 2020, a partir de los datos que aparecieron en el teléfono del detenido Walter Donoso, que estaba acusado por narcotráfico, se supo que existía una estructura ilícita en la que estaban involucrados Bento y un gran número de personas. A los datos que se le obtuvieron a Donoso se sumaron las declaraciones de Diego Barrera, que está imputado por el secuestro y homicidio del empresario Diego Aliaga (quien también integraba esta banda). De hecho, a Aliaga se lo sindica como intermediario entre el juez y los sobornadores.

Aliaga era hombre de confianza del juez Walter Bento para el arreglo de las coimas, que tenían como fin beneficiar a los acusados de diversas causas. El origen del vínculo entre ellos se remonta al año 2009, cuando Aliaga fue imputado por contrabando y, según declaraciones de estos testigos, "fue beneficiado por el juez en dos ocasiones: en la primera obtuvo falta de mérito, y en la segunda fue sobreseído".

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Mensajes y llamadas telefónicas fueron rigurosamente verificados entre los sospechosos, a los que se sumaron declaraciones de testigos. Entre estos últimos figuran personas presas por contrabando o narcotráfico.

El juez y su mujer

La fiscalía investigó el patrimonio del juez federal, el de su esposa (que también es funcionaria judicial), y el de dos de sus tres hijos. Entre otros detalles, se supo que el matrimonio había realizado viajes a Miami y Nevada, en Estados Unidos, y que "no eran con fines de esparcimiento" como en un principio sostenía el juez. Los investigadores están convencidos de que estaban vinculados a "lavado de dinero y enriquecimiento ilícito".

Los miembros de la familia Bento están imputados en la causa, aunque sin prisión preventiva.