El Senado de la Nación debatía esta noche, en sesión especial, un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados que impulsa una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas y que, si es aprobado sin cambios, será convertido en ley. La norma alcanza a Mendoza.

La iniciativa será puesta a votación durante las primeras horas del viernes, ya que la lista de oradores está compuesta por más de una treintena de senadores.

La iniciativa, que modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021, beneficiará a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Además, reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

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Respecto del resto de los usuarios residenciales de las zonas comprendidas, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

La iniciativa también prorroga por 10 años la vigencia del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.

El presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, el oficialista sanjuanino Rubén Uñac, dijo que el proyecto es un “alivio a los bolsillos que irá destinado a gastos básicos en mejora de la calidad de vida”.

“Damos un paso más en la construcción de un país federal. De un modelo social con inclusión”, subrayó Uñac

“Esta ampliación se da en un momento más que difícil en nuestro país que afecta a millones de hogares que sufrieron aumentos escandalosos entre 2016 y 2019”, expresó.

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Desde la oposición, el senador misionero Humberto Schiavoni, de Juntos por el Cambio, criticó la medida, aunque reconoció que una parte del interbloque de la oposición votará a favor al mencionar que “la decisión de la bancada es darle libertad de acción a sus miembros”.

“Este proyecto no discrimina entre hogares con posibilidad de pagar y aquellos que no tienen esa posibilidad”, dijo Schiavoni y defendió la suba de tarifas implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri y la política de “tarifa social” puesta en marcha durante esa administración.

“Este no es un subsidio focalizado, sino que está armado en una zona geográfica de bastante arbitrariedad”, subrayó, tras lo cual mencionó que “sólo comprende a los usuarios conectados a la red, pero nada dice de los usuarios de garrafa”.

En el mismo sentido, la neuquina Lucila Crexell, del interbloque Parlamentario Federal, calificó al proyecto como “una herramienta de demagogia electoral”.

“No estoy en contra de los subsidios cuando están bien instrumentados. Pero si llevamos este beneficio a más de dos tercios de la población lo que hacemos es una transferencia de ingresos que no está en línea con las reales necesidades de los usuarios”, explicó.

En su exposición, Crexel citó al ministro de Economía, Martín Guzmán, y dijo que este es "un subsidio pro-rico”.

Desde el oficialismo, el senador chubutense Juan Mario País calificó al proyecto como “trascendente" debido a que "va a irradiar beneficios a un importante universo de usuarios”.

“Esto no es un subsidio, es un fondo compensador. El Estado está estableciendo un cargo que pagamos todos los usuarios, incluso los que se benefician”, enfatizó el legislador patagónico.