Familiares de los sobrevivientes de los abusos sexuales cometidos en el Instituto para niños sordos Antonio Próvolo se manifestaron este lunes en las puertas de Tribunales provinciales para exigirle a la Justicia que preserve la integridad física y psicológica de los denunciantes en la nueva ronda de declaraciones solicitadas por las defensas de las acusadas.

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Dos de las declarantes se descompensaron y requirieron atención médica tras prestar testimonio donde revivieron el drama que atravesaron en el denominado instituto del horror.

Mientras, el resto de las víctimas se encuentran angustiadas y más de uno entró en crisis e intentó autolesionarse en el último tiempo, según contaron familiares.

“Mi hijo no quiere volver a saber nada con declarar, dice que está cansado, está muy nervioso y no tiene psicólogo. Ha querido lastimarse, no tiene ayuda…”, contó alarmada la madre de uno de ellos en las escalinatas del juzgado.

Luego de las condenas a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, en noviembre del 2019, en mayo de este año comenzó la segunda megacausa que tiene a nueve mujeres imputadas, entre ellas, las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez y la ex apoderada legal del establecimiento, Graciela Pascual, acusadas de ocultar y facilitar los abusos.

Para los abogados de Xumek, la asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos, que representan a las víctimas, los defensores de Kumiko han generado las mayores trabas, ya que no quieren que salgan a la luz los hechos.

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Sumado a esto, “la justicia mendocina no entiende cómo llevar este tipo de casos donde hay muchas víctimas con una discapacidad muy específica que requieren de una atención integral".

“Han sido tantas las dilaciones y el entorpecimiento que ha llevado la defensa de Kumiko Kosaka, que muchas veces estamos por arrancar con las declaraciones y hace algún planteo que debe ser revisado por el tribunal, entonces, tienen que sacar al declarante afuera de la sala para que se revea. Así pasan toda la mañana en el lugar y se terminan yendo sin aportar nada, con todo lo que significa para ellos”, explicó el abogado Lucas Lecour.

• El Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo en las escalinatas de Tribunales.

El tiempo previsto para este proceso era de 6 meses. Sin embargo, a poco de cumplirse ese plazo, las sucesivas demoras, entre recusaciones y cambios en el tribunal,  hizo que la querella estime que el año que viene recién llegará a una resolución.

Ariel Lizarraga, padre de Daiana, una de las primeras denunciantes, contó: “Es muy difícil para las víctimas vivir esa etapa. Mi hija lo pasó, hicimos la cámara Gesell y ahora no es válida. Exponen a las víctimas a larguísimas horas a revictimizarse. No se tiene en consideración lo que ella siente. En la última oportunidad salió descompuesta y tuvimos que ir a un centro asistencial. Mientras, me llamaban del tribunal para decirme que al otro día tenía que presentarse y yo les dije que no, que hasta aquí llegamos... “.

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