El malestar por la incorporación del sindicato de Camioneros al control de precios en supermercados crece y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, también titular de la COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios), afirmó que la acción es una "función indelegable del Estado".

"COPAL respeta el estado de derecho. Ni nosotros podemos arrogarnos la función de controlar, ni puede incluirse a terceros con intereses particulares. El control es una función indelegable del Estado", explicó Funes de Rioja en declaraciones periodísticas.

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En la misma línea, profundizó su mirada crítica sobre el desembarco de los Moyano en el área: "Si hablamos de un Estado presente, es necesario que el Estado controle, tercerizar esa función genera una mayor incertidumbre ante una posible colisión de intereses".

El gremio de Camioneros inspeccionará e informará a través de militantes el stock de productos y precios en los supermercados y centros de distribución. De esta manera, los podrán denunciar faltantes o irregularidades, con el fin de contribuir a bajar la inflación, que cerró 2022 con un alza del 94,8%.

Según informaron, el objetivo del programa Precios Justos es permitir acceder a una canasta de 1.900 productos con precios congelados y alrededor de 20.000 artículos de primera necesidad que se venden en las grandes cadenas.

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El secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, defendió la decisión del gremios al programa desde su cuenta de Twitter. Allí, el funcionario sostuvo que "si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos" y continuó: "Quien plantea diferencias por su ideología que se haga cargo, nosotros necesitamos a todos para bajar la inflación y llevar alivio a la mesa de los argentinos”.