La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aplicó una fuerte sanción contra más de 50 droguerías en todo el país. La medida se tomó tras constatar que estos establecimientos operaban con el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos vencido, un documento esencial para garantizar la seguridad y trazabilidad de los remedios. Según la normativa vigente, la falta de este aval impide que las empresas puedan comercializar y distribuir especialidades medicinales de forma legal.

Las empresas mendocinas que quedaron inhabilitadas

Entre las 54 firmas alcanzadas por la sanción del organismo nacional, figuran cuatro droguerías con domicilio en Mendoza: Indesa SRL, Servifarma, Distribuidora Dimek y Droguería Máximo Pettrazzi. La Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT fue la encargada de relevar el registro de inscripción de estas entidades, detectando que sus autorizaciones para el tránsito interjurisdiccional ya no contaban con el respaldo documental necesario para funcionar.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición 72/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, el certificado en cuestión tiene una validez de cinco años desde su emisión. Para evitar interrupciones en su actividad, los establecimientos deben gestionar la renovación con una antelación mínima de 60 días hábiles antes del vencimiento. En estos casos puntuales, el organismo verificó que los plazos caducaron sin que las empresas iniciaran los trámites de actualización correspondientes.

La decisión de la ANMAT busca proteger la salud pública, asegurando que los medicamentos se almacenen y distribuyan bajo estrictas normas de control. Al no contar con el certificado al día, no se puede garantizar que las droguerías mantengan las condiciones técnicas exigidas por la autoridad sanitaria. Por este motivo, se procedió a la baja automática de la habilitación, una medida que impacta directamente en la cadena de suministros de farmacias y centros asistenciales.

A nivel nacional, la inspección masiva reveló una negligencia administrativa compartida por decenas de distribuidoras. Si bien la sanción es de carácter administrativo, las consecuencias operativas son inmediatas: las empresas afectadas no podrán realizar envíos de medicamentos fuera de sus jurisdicciones provinciales hasta que regularicen su situación ante el organismo. Esta situación pone en alerta al sector farmacéutico local, que deberá buscar proveedores alternativos para no ver afectado su stock.

Finalmente, desde el organismo nacional aclararon que el proceso de control sobre el registro de inscripción es constante. Las droguerías que deseen volver a operar deberán iniciar el proceso de habilitación desde cero, cumpliendo nuevamente con todas las inspecciones de buenas prácticas de distribución. Esta medida refuerza la vigilancia sobre el mercado de medicamentos en Argentina, un área crítica donde la vigencia de los permisos es fundamental para la seguridad del paciente.