Las autoridades isleñas extendieron por cinco años las licencias offshore a petroleras británicas e israelíes. La medida desafía los fallos judiciales de Tierra del Fuego y suma tensión diplomática.
El gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas anunció la extensión por cinco años de las licencias de explotación petrolera offshore, contando con el "pleno apoyo" del Reino Unido.
La decisión representa un abierto desafío a la Justicia argentina, que días atrás había ordenado frenar las perforaciones en la zona mediante una medida cautelar dictada por la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto.
La prórroga favorece directamente a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, involucradas en el megaproyecto energético Sea Lion. Para contrarrestar las acciones legales argentinas, las firmas buscan captar 200 millones de dólares en los mercados internacionales para acelerar la extracción de crudo. Las autoridades coloniales estiman recaudar hasta 90.000 libras anuales por habitante en impuestos y destinarán 350 millones de euros a infraestructura portuaria y energética local.
Este movimiento añade una fuerte tensión diplomática en vísperas del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU, donde expondrá el reclamo histórico de soberanía sobre el archipiélago. Mientras Londres tildó de "inaceptables" los fallos judiciales argentinos e incrementó su respaldo institucional a las petroleras, la prensa británica comenzó a debatir si parte de las regalías del crudo deberían destinarse a financiar la presencia militar británica en Mount Pleasant.