Desde julio, ARCA podrá exigir explicaciones por transferencias millonarias y aplicar sanciones si no se justifica el origen del dinero.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que asumió las funciones que antes tenía la AFIP, puso en marcha en julio de 2025 un nuevo sistema de control fiscal orientado a monitorear los movimientos financieros de personas físicas y empresas. Este mecanismo se activa cuando los montos transferidos o acreditados durante el mes superan ciertos límites establecidos:
Estas cifras contemplan tanto los ingresos en cuentas bancarias como en billeteras virtuales. Si parte del dinero está en dólares u otra divisa, ARCA obliga a convertir el monto a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio comprador del Banco Nación, vigente.
Si tus movimientos financieros mensuales alcanzan o superan los montos fijados por ARCA -$50 millones para personas físicas o $30 millones para empresas-, el organismo podrá solicitar que justifiques el origen de los fondos mediante documentación respaldatoria. Entre los documentos más habituales que puede pedir ARCA se encuentran:
Cuando una operación financiera es reportada y no se presenta documentación que respalde el origen de los fondos, ARCA puede iniciar un requerimiento formal.
Si el contribuyente no responde o no logra justificar el dinero, se habilitan sanciones económicas, bloqueos preventivos de cuentas y, en casos más graves, la derivación del caso a la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga posibles delitos como el lavado de dinero.
Cuando se recibe una transferencia de alto monto, es fundamental contar con documentación que justifique el origen de los fondos, como recibos de sueldo, contratos de venta, declaraciones juradas o extractos bancarios. Si no se logra respaldar la operación, ARCA puede iniciar un requerimiento formal y aplicar sanciones como bloqueos de cuentas o rechazos de transferencias.
Además, tanto bancos como billeteras virtuales deben informar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF), que puede investigar posibles delitos financieros si se detecta que no hay justificación válida del dinero recibido.