El Gobierno nacional avanzó un paso más en su política de flexibilización del acceso a armas. Luego de habilitar en junio pasado la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos, carabinas y subametralladoras de asalto, ahora reglamentó oficialmente la medida, permitiendo que civiles accedan a armamento antes reservado exclusivamente a las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

La decisión quedó establecida en la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, que modifica el sistema de autorización y control bajo la órbita del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad.

Según el texto, la medida busca reemplazar la antigua prohibición por un esquema de control más preciso, con foco en la justificación deportiva y en la trazabilidad del armamento.

Requisitos para acceder a la autorización

Para obtener el permiso especial de tenencia o adquisición, los interesados deberán cumplir con una serie de condiciones:

• Acreditar la identificación exacta del arma (marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie).
• Disponer de un sistema de guarda tipo G2, aprobado como almacenamiento seguro.
• Presentar declaración jurada y documentación probatoria, incluyendo fotos del arma.
• Abonar la tasa correspondiente, similar a la "Tenencia Exprés" y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente.
• Demostrar uso deportivo comprobado, con certificaciones de clubes de tiro o participación en competencias.
• No poseer sanciones ni trámites pendientes ante el RENAR.
• Acreditar al menos cinco años de antigüedad como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.
• Presentar elementos adicionales que justifiquen la pertinencia de la solicitud.

Un cambio de política después de tres décadas

Con esta reglamentación, el Ejecutivo deroga de hecho el Decreto 64/1995, que desde hace 30 años prohibía a los civiles acceder a este tipo de armamento, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa.

El nuevo régimen establece un "permiso especial" bajo control de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que será la encargada de fiscalizar las condiciones de uso y almacenamiento.

La disposición impacta en todos los usuarios registrados, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, policías provinciales y civiles con permisos vigentes.

En términos prácticos, el Gobierno busca abrir el acceso, pero bajo un control administrativo más detallado. Para el sector civil, implica nuevas oportunidades de adquisición, aunque con un nivel de exigencia documental y técnica más alto.