La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la expresidenta Cristina Kirchner deberá continuar utilizando la tobillera electrónica mientras cumple su prisión domiciliaria. La medida rige para su residencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece tras ser condenada en la causa Vialidad. La resolución fue firmada por los tres ministros del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Argumentos de la defensa y rechazo del tribunal

Los planteos de los abogados de la exmandataria se dieron en el contexto de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Los jueces determinaron que las impugnaciones contra el dispositivo carecían de fundamentación autónoma, señalando que la defensa no logró explicar por qué la medida sería prescindible para asegurar el cumplimiento de la pena.

Además de ratificar el uso de la tobillera, los ministros rechazaron "in limine" los pedidos de recusación que Cristina Kirchner había presentado contra ellos. La expresidenta había alegado un "temor fundado" de parcialidad tras un fallo previo dictado en junio de 2025. Sin embargo, los magistrados consideraron que dicho planteo se basaba exclusivamente en el ejercicio de sus atribuciones legales.

En el mismo fallo, la Corte analizó los cuestionamientos relacionados con el régimen de visitas que recibe la expresidenta en su domicilio de la calle San José. Al respecto, el tribunal declaró inoficioso un pronunciamiento, dado que el régimen objetado ya fue reemplazado por uno nuevo fijado el pasado 19 de noviembre de 2025.

Con esta decisión, la situación procesal de la expresidenta bajo el régimen de prisión domiciliaria se mantiene firme. La justicia busca garantizar que el control electrónico sea efectivo para monitorear el cumplimiento estricto de la sentencia en una de las causas más resonantes de la historia política reciente de Argentina.

La resolución del máximo tribunal cierra una etapa de apelaciones técnicas por parte de la defensa, que buscaba flexibilizar las condiciones de detención. Ahora, la exmandataria deberá ajustarse a los protocolos de vigilancia establecidos mientras se sustancia el resto de las instancias pendientes en el sistema judicial nacional.