Mendoza, de de
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La medida busca integrar a los uniformados en roles técnicos sin perjudicar sus ascensos.
El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves un cambio significativo en la reglamentación de la Ley para el Personal Militar. Mediante el Decreto 58/2026, publicado en el Boletín Oficial, se habilitó a los integrantes de las Fuerzas Armadas a ocupar cargos públicos no electivos. El argumento principal del Ejecutivo es que resultaba incongruente que los uniformados sufrieran un perjuicio en su desarrollo profesional o en sus expectativas de ascenso al ser convocados para cumplir funciones administrativas, especialmente dentro de la órbita del Ministerio de Defensa.
El nuevo marco normativo establece condiciones específicas para esta transición entre las tareas operativas y las administrativas. Los militares no podrán acceder a estos puestos mediante el voto popular, sino que deberán ser nombrados o autorizados directamente por el Presidente de la Nación. Además, la norma establece una clara incompatibilidad: no se podrán ejercer funciones operativas de forma simultánea con el cargo público, ni podrán ser designados aquellos oficiales que ya hayan alcanzado el grado máximo dentro de su respectiva fuerza.
En sintonía con esta reforma, el Decreto 60/2026 formalizó las primeras designaciones de militares en la estructura civil del Ministerio de Defensa. Entre los nombramientos más destacados aparece el General de División Jorge Puebla, quien asumirá como secretario de Estrategia y Asuntos Militares. También se confirmó al Teniente coronel Daniel Martella en la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa y al General de brigada Carlos Martín en la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico.
La reestructuración del área se completa con la llegada del Coronel Ariel Mira Peña a la Subsecretaría de Gestión Administrativa. Por otro lado, en el plano estrictamente político-administrativo, se informó que Guillermo Madero dejará su puesto en Defensa Civil para quedar al frente de la Unidad Gabinete de Asesores de la cartera que conduce Luis Petri. Estas designaciones buscan dotar al ministerio de un perfil técnico con conocimiento directo de la operatividad militar.
Desde la Casa Rosada sostienen que esta medida permitirá aprovechar la formación y experiencia de los cuadros militares en el diseño de políticas de defensa nacional. Hasta ahora, muchos oficiales evitaban estos cargos para no quedar estancados en sus promociones de grado, un obstáculo que el nuevo decreto pretende eliminar de forma definitiva. La integración de los uniformados en la gestión civil marca un nuevo capítulo en la relación del Ejecutivo con las fuerzas de seguridad nacionales.
La resolución genera expectativas en el sector, ya que redefine el alcance de la carrera militar en Argentina. Mientras los nuevos funcionarios asumen sus despachos, la normativa garantiza que su paso por la función pública sea considerado como parte de su servicio activo. Esto asegura que, al finalizar su gestión, puedan reintegrarse a sus fuerzas originales con la antigüedad y el mérito correspondientes, manteniendo intactas sus posibilidades de llegar a la cúpula de sus instituciones.
