El escenario económico de principios de 2026 comienza marcado por una fuerte tensión entre los precios y los ingresos. Luego de un diciembre que registró una inflación del 2,8%, el Gobierno nacional definió una estrategia clara para las próximas negociaciones paritarias: establecer topes salariales estrictos. El objetivo del Ejecutivo es que los acuerdos de enero no superen el 2%, bajando gradualmente al 1,9% en febrero y al 1,8% en marzo, buscando consolidar un ancla que frene la dinámica inflacionaria.

El salario real como ancla del proceso de desinflación

Durante todo el año pasado, la Secretaría de Trabajo mantuvo la postura de no homologar convenios que excedieran la inflación proyectada, argumentando que subas mayores alimentarían la suba de precios. Sin embargo, este esquema generó un fuerte desfasaje. Según informes de consultoras privadas como C-P, hacia finales de 2025 el salario promedio acumulaba una caída real del 4,5%. Este deterioro se reflejó incluso en el sector privado, donde los datos oficiales del SIPA marcaron retrocesos consecutivos durante el último trimestre del año.

El informe de C-P advierte que la pauta salarial ha sido "muy exigente" para apuntalar la estrategia oficial, lo que derivó en caídas sistemáticas del poder de compra. En los últimos cinco meses, apenas el 20% de los sectores laborales logró ganarle a la inflación en la comparación mensual. Esta situación incrementó la tensión en las mesas de negociación, impulsando pedidos de mayor nominalidad en las reaperturas de noviembre y diciembre, cuando los precios volvieron a acelerarse.

La dinámica de 2025 mostró un comportamiento errático que el Gobierno busca ordenar este año. A principios del ciclo anterior, se promovieron acuerdos por debajo del 2%, pero la aceleración de precios en marzo forzó recomposiciones de emergencia. Luego, se intentó retomar una pauta de entre 1% y 1,5%, que finalmente quedó desactualizada por el recalentamiento inflacionario de fin de año, dejando a la mayoría de los convenios por debajo del costo de vida.

Actualmente, menos del 50% de los convenios colectivos logra mantenerse cerca de los niveles de inflación. Con registros mensuales que oscilan entre el 2,5% y el 2,8%, los acuerdos salariales han perdido capacidad de compensar la pérdida acumulada. Los analistas anticipan que, de mantenerse las dificultades oficiales para reducir la inflación por debajo del 2% mensual, la tendencia al estancamiento o a la baja del salario real continuará profundizándose en el corto plazo.

En Mendoza, gremios y sectores productivos miran con cautela estas directrices nacionales, ya que el impacto en el consumo local es directo. Mientras el Ejecutivo nacional confía en que los topes salariales ayudarán a estabilizar la macroeconomía, los representantes de los trabajadores advierten que el margen de maniobra es cada vez más estrecho. Las próximas semanas serán clave para ver si los sindicatos aceptan este nuevo techo o si la conflictividad social escala ante la pérdida de poder adquisitivo.