El debate por la reforma laboral en el Senado de la Nación dejó al descubierto modificaciones sustanciales que impactarán directamente en el bolsillo de los trabajadores. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti fue una de las voces más críticas al advertir que, de prosperar el texto actual, una mujer con diagnóstico de cáncer de mama pasaría a cobrar solo el 75 por ciento de su salario básico. Esta situación se desprende de los cambios de último momento introducidos en el régimen de licencias por enfermedades o accidentes no laborales.

El recorte en los haberes por incapacidad inculpable

El proyecto aprobado, que ahora pasó a la Cámara de Diputados, modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Actualmente, esta norma garantiza el pago del 100 por ciento del salario durante el periodo de licencia con goce de haberes. Sin embargo, la nueva redacción establece que, ante una enfermedad o accidente ajeno a las tareas laborales, el trabajador recibirá entre el 50 y el 75 por ciento de su sueldo básico, dependiendo de la situación familiar y de si la incapacidad derivó de una acción voluntaria o no.

Hoy en día, el empleador debe reservar el puesto y abonar la totalidad del sueldo durante plazos que van de los 3 a los 6 meses, pudiendo extenderse hasta un año si el empleado tiene cargas de familia. Con la reforma propuesta, estos beneficios se ven drásticamente reducidos, permitiendo que un trabajador afectado por una patología grave llegue a percibir apenas la mitad de sus ingresos habituales durante un semestre, lo que genera una fuerte incertidumbre en sectores vulnerables.

La incorporación de estos cambios se dio en el marco de negociaciones herméticas entre el oficialismo y sectores de la oposición para garantizar los votos en el recinto. Según denunciaron legisladores de la minoría, se trata de un retroceso en los derechos adquiridos que poco se discutió públicamente antes de la sesión. La modificación busca, según sus impulsores, reducir los costos laborales para las empresas ante contingencias que no están relacionadas estrictamente con la actividad productiva.

Para los trabajadores mendocinos, el impacto de esta ley podría ser inmediato si Diputados ratifica lo actuado por la Cámara Alta. La reducción de los plazos de licencia paga y la quita de porcentajes salariales básicos obligarían a quienes atraviesan procesos de recuperación por enfermedades crónicas o accidentes domésticos a enfrentar sus tratamientos con ingresos sustancialmente menores, en un contexto de alta inflación y costos médicos crecientes.

El texto definitivo aún depende del tratamiento en la cámara baja, donde se espera una resistencia similar a la manifestada en el Senado. Mientras tanto, la frase de la senadora mendocina sigue resonando como un llamado de alerta sobre la letra chica de una reforma que, bajo la promesa de modernización, altera los pilares de la protección social ante la enfermedad en el ámbito privado.