El proceso continúa en la justicia bonaerense, donde aún resta resolver la apelación de las condenas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos de queja que buscaban impugnar las sentencias dictadas contra siete de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz rechazaron los argumentos de la defensa al considerar que el recurso extraordinario no fue admitido porque no se dirigía contra una sentencia definitiva. Esta decisión afecta a Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y los hermanos Luciano, Ciro y Lucas Pertossi.
Asimismo, el tribunal también desestimó la presentación realizada en nombre de Máximo Thomsen por no cumplir con los requisitos formales necesarios. Es importante destacar que la condena impuesta en febrero de 2023 por el Tribunal de Dolores todavía no se encuentra firme. Actualmente, la Suprema Corte bonaerense tiene pendiente resolver los recursos presentados tanto por la fiscalía y la querella, como por los propios abogados de los imputados.
Cabe recordar que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Se los consideró autores de un homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. El brutal ataque ocurrió el 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique en Villa Gesell, donde Fernando fue asesinado a golpes y patadas.
Por otro lado, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de prisión al ser considerados partícipes secundarios del crimen. Mientras la querella que representa a los padres de la víctima insiste en que estos tres jóvenes también reciban la pena máxima, la defensa técnica de los rugbiers intenta que el caso sea encuadrado bajo la figura de "homicidio en riña", la cual contempla penas significativamente menores de entre dos y seis años.
Tras este pronunciamiento de la Corte nacional, el proceso deberá continuar su curso habitual en el ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Allí se definirán finalmente las penas para los responsables del asesinato que conmocionó al país. Por el momento, las condiciones de detención y las sentencias originales se mantienen vigentes mientras se aguardan las resoluciones de las instancias superiores bonaerenses.