El ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo para eliminar por completo la Ley de Etiquetado Frontal enfrenta serias complicaciones legislativas para lograr un tratamiento exprés en el Senado de la Nación. 

La iniciativa oficial, enviada a la Cámara alta en las últimas semanas, propone derogar de forma definitiva la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, argumentando limitaciones operativas y asimetrías comerciales en el Mercosur. Sin embargo, la intención de la Casa Rosada de avanzar de manera acelerada chocó contra la resistencia silenciosa de la oposición dialoguista y sectores del PRO que exigen sustento técnico.

La falta de datos propios y el laberinto de las mayorías

El principal obstáculo político radica en que el Gobierno no presentó estudios de impacto económicos o sanitarios que justifiquen desarmar la estructura de advertencias nutricionales en las góndolas. Los senadores aliados muestran cautela debido al histórico consenso parlamentario de la ley, que obtuvo el respaldo de más de dos tercios de ambas cámaras en su sanción original. Quienes defienden los octógonos negros se apoyan en la experiencia de Chile y México, donde la medida redujo el consumo de bebidas azucaradas de forma drástica.

Por otra parte, la contradicción económica que señalan legisladores de las provincias es que la industria alimentaria ya absorbió los costos de rediseño y reformulación de productos durante los últimos años. Una marcha atrás obligaría a las empresas a enfrentar nuevos gastos de transición comercial. En este escenario de parálisis, el oficialismo se encuentra lejos de consolidar la mayoría especial necesaria, por lo que en los pasillos del Congreso ya se especula con que el Ejecutivo deberá resignar la derogación total y negociar modificaciones parciales a la normativa vigente.