El ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, explicó este lunes al exponer en la Cámara de Diputados que en el acuerdo de facilidades extendidas alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional "no hay ninguna reforma que implique quita de derechos" y reveló que "el primer objetivo" del programa económico comprometido con el organismo multilateral de crédito es "la acumulación de reservas internacionales".

"Aquí en este acuerdo no ha ninguna reforma que implique quita de derechos. No hay una reforma previsional, la actualización de haberes se seguirá rigiendo en base a la ley vigente y no hay ninguna reforma laboral", destacó al tomar la palabra en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, en la primera jornada del tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a fin de convalidar el entendimiento con el FMI.

A Guzmán le tocó hablar luego de que el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, inaugurara el debate con un mensaje introductorio, seguido del discurso del jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien desarrolló el cuadro de situación y el contexto en el que se produjo el acuerdo del Gobierno para refinanciar la deuda por 44.500 millones de dólares contraída por la administración de Mauricio Macri entre 2018 y 2019.

"Este es el mejor acuerdo posible", afirmó Manzur, citando el argumento que el Gobierno y sus referentes legislativos vienen repitiendo hasta el cansancio para intentar captar más voluntades a favor de la ley.

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Minutos más tarde, Guzmán recordó que "es la primera vez en la historia argentina que un acuerdo entre un gobierno nacional el staff del FMI será puesto a consideración del Congreso nacional de acuerdo la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública" sancionada en 2021.

El ministro advirtió que en la actualidad el país enfrenta una situación de gran potencial desestabilizador que es el problema de la deuda con el FMI", y alertó que "Argentina no cuenta con los recursos para hacer frente a los vencimientos programados en el programa stand by del 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos".

"Estamos hablando de este mismo mes", acotó, en alusión al vencimiento del 22 de marzo por más de 2.800 millones de dólares.

"Si no se pudiese resolver el problema de balanza de pagos que Argentina tiene debido los problemas de pagos con el FMI, se enfrentaría a una situación significativa más difícil y dañina en el frente cambiario, de la inflación, del empleo, de la actividad y en todo el frente social", dijo al alertar sobre las presuntas consecuencias de un escenario de default.

Guzmán detalló que de acuerdo al cronograma original del programa stand by firmado por Macri, este año el país debería desembolsar entre capital e intereses unos 19.000 millones de dólares y el año que viene otros 20.000 millones adicionales.

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Según dijo, se trata de una carga de deuda imposible de saldar en los plazos establecidos, por lo que aseguró que "la única alternativa para poder hacer rente a esos vencimientos es obtener nuevo financiamiento y la única forma es a través de un nuevo programa de financiamiento con el FMI".

El funcionario detalló que el financiamiento acordado con el FMI comprende un crédito por 44.500 millones de dólares, equivalentes a la deuda del programa stand by del 2018.

Al respecto, resaltó que "no se está agregando un sólo dólar de deuda a la deuda que se tomó en el programa stand by" que firmó el macrismo.

En otro orden, Guzmán señaló que durante el proceso se diálogo con el staff del FMI se llegó a la conclusión de que "la principal limitante al crecimiento sostenido en Argentina es la restricción de divisas".

En base a este diagnóstico, "se definió como primer objetivo la acumulación de reservas internacionales".

"Por lo tanto resulta fundamental potenciar el desarrollo de los sectores con capacidad de generar divisas en la Argentina para poder generar las condiciones de crecer de forma sostenida", puntualizó.

En este sentido, precisó que Argentina se compromete a un crecimiento de las reservas en 5.800 millones de dólares en 2022, de 4.000 millones en 2023 y de 5.200 millones en 2024.

"Poder contar con más reservas en el Banco Central es la primera condición necesaria para calmar las expectativas y para que ayude a atacar con más fuerza el mal inflacionario. De modo general, es necesario para que en Argentina haya estabilidad macroeconómica", analizó.

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El segundo objetivo que definió Guzmán es el de "reducir el déficit fiscal para ir dependiendo menos del endeudamiento y de la emisión monetaria"

En este sentido, apuntó que la meta para este año es bajar el déficit fiscal al 2.5% del PBI, el año que viene al 1,9%, y en 2024 al 0,9%.

No obstante, aclaró que la política fiscal no será de ajuste sino "moderadamente expansiva", con especial hincapié en la inversión en infraestructura pública.

"Junto a ello se plantea una reducción de la emisión monetaria lo cual también es un camino necesario para esta Argentina", sostuvo acerca del tercer objetivo trazado.

En esta línea, se definió que este año el financiamiento monetario baje al 1% del producto bruto, y continué descendiendo en 2023 al 0,6% para converger en 2014 a la emisión cero.

"El acuerdo que hoy el Gobierno nacional trae al debate en el Congreso de la Nación establece un camino transitable y un principio de solución a un problema verdaderamente muy grave para el desarrollo de la Argentina, que se contrapone a una alternativa en un crecimiento de la incertidumbre que desde nuestro punto de vista no puede redundar en nada mejor y por el contrario va a generar una situación de profundo estrés cambiaria con consecuencias inflacionarias, consecuencias negativas sobre a la actividad económica, sobre el empleo y la pobreza", concluyó el ministro de Economía.

Tras la presentación, los diputados de las distintas fuerzas políticas realizaban preguntas a Guzmán y a los miembros del equipo económico que lo acompaña: el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.