Mendoza, de de
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El principal cambio de esta resolución es la ampliación de su alcance.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró este viernes una dura restricción cambiaria que impacta directamente en la operatoria de dólares financieros y el mercado oficial. La medida, que busca limitar maniobras especulativas y proteger las reservas, impone un plazo de 90 días de inhabilitación cruzada entre los distintos tipos de cambio.
A través de una comunicación oficial con vigencia a partir del 26 de septiembre, la entidad monetaria dispuso que cualquier persona o empresa que acceda a comprar divisas en el mercado oficial (es decir, el dólar al tipo de cambio minorista/mayorista) deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a no realizar operaciones con el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o Contado con Liquidación (CCL) durante los 90 días posteriores.
La restricción es de carácter recíproco: quienes realicen operaciones en el mercado bursátil para hacerse de dólar MEP o CCL también quedarán inhabilitados para acceder al mercado oficial por el mismo período de tres meses.
El principal cambio de esta resolución es la ampliación de su alcance. Hasta ahora, este impedimento regía únicamente para personas jurídicas (empresas), pero con esta nueva disposición, la limitación alcanza también a las personas humanas (individuos).
Esta restricción cruzada había sido eliminada en abril como parte de un intento por flexibilizar el cepo para las personas, pero las autoridades decidieron reponerla ante la incipiente brecha que se venía registrando entre los distintos tipos de cambio y el objetivo de evitar el rulo cambiario.
La decisión del Gobierno nacional busca centralizar y limitar la operación de divisas en un contexto de escasez y volatilidad. El objetivo principal del BCRA es limitar el drenaje de dólares y tener un mayor control sobre los flujos de capital para, en última instancia, acumular reservas.
La necesidad de robustecer las arcas del Banco Central es una de las imposiciones claves del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que funciona como la principal hoja de ruta de la política económica del país. De esta forma, cada medida que limita el acceso al dólar o controla su operatoria queda enmarcada dentro de los compromisos asumidos con el organismo multilateral de crédito.
