Mendoza, de de
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Con aumentos promedio del 10%, la medida busca fortalecer la recaudación del Reforsal ante el marcado crecimiento de pacientes con cobertura privada.
El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza aprobó una actualización del nomenclador que fija los valores de facturación para las prestaciones médicas en hospitales y efectores públicos de la provincia. La medida, oficializada mediante la resolución 1332, contempla un incremento promedio del 10% que rige para todas las atenciones realizadas desde el 15 de julio de 2026.
Los fondos recuperados ingresan de manera directa al Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL). El organismo registra un crecimiento récord en su recaudación debido al aumento de usuarios con obra social o prepaga en efectores públicos, representando en varios hospitales más del 60% de las consultas totales.
Entre los puntos más destacados de la resolución se encuentra el ajuste en el cobro a obras sociales por partos y cesáreas. El costo para las coberturas privadas alcanzará los $1.509.200, cifra que abarca la práctica médica, la atención del recién nacido y la internación de la madre en habitación compartida.
En materia de internación, bajo el esquema de la Unidad de Internación Mendocina (UIM), la jornada clínica general se fijó en $345.000, mientras que para cuadros complejos asciende a $420.000 diarios. Asimismo, un día de internación quirúrgica pasó a costar $480.000, reflejando el elevado costo operativo de las intervenciones.
La normativa provincial también readecuó la valuación de los traslados aéreos sanitarios. El servicio de evacuación en helicóptero para urgencias tendrá un valor de $4.488.000, en tanto que los rescates especiales en zona de Alta Montaña se cotizarán en $7.480.000.
Por último, el nuevo nomenclador reestructuró el área de hemoterapia para diferenciar el procesamiento de la administración de componentes sanguíneos. A esto se sumó un nuevo sistema de cálculo para medicamentos, descartables e insumos biomédicos, garantizando que el Estado provincial recupere los costos reales de adquisición.
