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Impunidad por demoras: el caso Villouta impulsa cambios para limitar los tiempos de los jueces

A raíz de este caso, el Ejecutivo busca fijar plazos estrictos en la Justicia.

Martes, 18 de Agosto de 2026

El caso de Alan Villouta, el joven de 21 años que murió atropellado en 2017, suma un nuevo capítulo. Este martes, el padre de la víctima mantendrá una reunión clave con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y abogados del Ejecutivo provincial para avanzar en la apelación del sobreseimiento de Alejandro Verdenelli, el hombre que lo embistió y lo abandonó.

La decisión del Gobierno de intervenir surge tras el fuerte rechazo social e institucional que generó la impunidad en el expediente. Verdenelli había sido condenado por la muerte de Alan, pero la sentencia nunca quedó firme y la Suprema Corte de Justicia demoró años en resolver los recursos presentados, lo que generó las condiciones legales para que el acusado terminara sobreseído.

La reforma judicial para poner límites

Esta polémica resolución judicial motivó al gobernador Alfredo Cornejo a impulsar una reforma de fondo. A través de un proyecto que presentará el diputado radical Franco Ambrosini, el oficialismo busca establecer plazos perentorios e improrrogables para que los magistrados resuelvan recursos penales, aun cuando el condenado se encuentre en libertad.

Actualmente, el sistema exige tiempos estrictos solo cuando hay una persona detenida. Según el diagnóstico del Gobierno, esta falta de límites en el resto de las causas permite que los expedientes permanezcan paralizados durante años en los despachos, sin una decisión definitiva.

Cambios en el Código Procesal

Para evitar que estas injusticias se repitan, el Ejecutivo también planea modificar el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de Tribunales. El objetivo central es frenar las maniobras dilatorias que utilizan las defensas mediante notificaciones y recursos interminables para ganar tiempo.

Con estos cambios legales, se pretende evitar que un acusado logre la impunidad simplemente porque el sistema judicial se demoró o cometió errores administrativos. Mientras el proyecto avanza, la familia Villouta confía en que la estrategia conjunta con la Provincia logre revertir un sobreseimiento que lleva casi una década de espera.