La Provincia completó su adhesión al protocolo nacional y ya aplica la identificación y pase a banda negativa de líneas y equipos dentro de Boulogne Sur Mer y San Felipe, trabajando de forma directa con las compañías telefónicas.
Mendoza completó su adhesión al programa del Gobierno nacional para el bloqueo de celulares en establecimientos penitenciarios y ya aplica el sistema en los complejos de Boulogne Sur Mer y San Felipe. El procedimiento permite detectar los equipos y tarjetas SIM que registran actividad en las celdas para incorporarlos a banda negativa e impedir su funcionamiento en las redes móviles.
La medida se concretó luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación creara el programa mediante la Resolución 806/2026 y la Provincia formalizara su pedido de adhesión. A partir de esta normativa, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a Mendoza a operar la tecnología requerida, designando al subsecretario Leandro Biskupovich como punto focal operativo.
Actualmente, el Gobierno mendocino trabaja de forma coordinada con Claro, Movistar y Personal para hacer efectivo el bloqueo de los dispositivos individualizados. La normativa nacional estableció una ventanilla única para canalizar los informes de las provincias hacia las operadoras, destrabando un paso operativo que anteriormente impedía a las empresas dar de baja las líneas solicitadas.
Cabe destacar que Mendoza venía desarrollando desde 2025 un sistema propio de identificación de líneas y bloqueo selectivo, apoyado en inversiones en infraestructura, capacitación de personal y la creación del Departamento de Tecnologías Especiales y Despliegue Táctico. Sin embargo, los bloqueos masivos requerían de la habilitación formal del Enacom.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló que la Provincia decidió avanzar con recursos propios en planes de inhibición para no demorar la respuesta contra el delito. Asimismo, ratificó sus reclamos al Enacom para endurecer la identificación en el alta de nuevas líneas y agilizar el bloqueo de teléfonos robados, buscando frenar el mercado ilegal de dispositivos en la provincia.