El Gobierno de Mendoza presentará un proyecto de ley para endurecer las sanciones para los presos que tengan celulares e incorporar, por primera vez, un régimen disciplinario específico para las visitas que intenten ingresar elementos prohibidos. La iniciativa busca modificar la Ley 8465, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad. Además, incorporará escáner para bolsos y cuerpos en cuatro cárceles, mientras espera por los inhibidores fijos para celulares.

La medida fue adelantada por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus a El Sol. Uno de los cambios centrales será elevar la tenencia de teléfonos celulares de falta media a falta grave, lo que permitirá elevar las eventuales sanciones. 

La reforma también incluirá las conexiones clandestinas a internet y las instalaciones eléctricas rudimentarias, que representan un riesgo para la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios, según la funcionaria. 

La reacción llega luego de la viralización de dos casos recientes de presos que fueron detectados participando de streamings. El primero ocurrió en julio, cuando cinco internos del penal San Felipe participaron de una videollamada con el streamer bonaerense Valentín Melo a través de la plataforma OmeTV. El segundo episodio se conoció en septiembre, cuando dos jóvenes de 17 y 19 años alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ, ex Cose) aparecieron en una transmisión del canal JotaPeShow, emitida por Kick, también luego de conectarse mediante OmeTV.

Qué sanciones establece actualmente la ley

El artículo 98 de la Ley 8465 divide las infracciones disciplinarias en tres categorías: leves, medias y graves. La tenencia o utilización de celulares está contemplada actualmente entre las faltas medias, al igual que las conexiones clandestinas eléctricas, telefónicas e informáticas.

Por ejemplo, entre las faltas leves figuran no respetar los horarios de las actividades, fumar en lugares u horarios no autorizados y agraviar verbalmente a funcionarios o visitantes. En la categoría de faltas graves, en tanto, se encuentran intentar ingresar o retirar elementos eludiendo los controles, amenazar o agredir a otras personas y poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos no autorizados, estupefacientes y otros objetos peligrosos.

Con el proyecto, el Ejecutivo buscará que la tenencia de celulares quede expresamente encuadrada entre las faltas graves. También incorporará las conexiones clandestinas a internet y electricidad. "Son graves porque no solo por el riesgo intramuro, sino que puede generar un problema en todo el sistema", explicó Rus.

Las sanciones inéditas que preparan para las visitas 

La otra novedad será la creación de un régimen para sancionar a las personas que concurren a visitar a los internos e intentan ingresar celulares, chips u otros objetos prohibidos.

La ministra explicó que actualmente existen mecanismos para sancionar al personal que intenta ingresar elementos de contrabando (y que han cesanteado por este motivo). Pero no hay una regulación específica equivalente para las visitas. "Si yo sanciono a un penitenciario, también tengo que tener una sanción para esta visita", planteó.

El nuevo esquema podrá contemplar desde la suspensión de las visitas por una o dos semanas hasta la inhabilitación permanente para ingresar a la cárcel. La intención es establecer un marco legal claro para aplicar esas medidas y desalentar los intentos de contrabando. 

"Necesitamos un sistema legal que nos permita dar una respuesta", sostuvo Rus y agregó que "tiene que haber un mensaje, porque, si no, seguimos teniendo intentos de ingreso todo el tiempo".

Escáneres en las cuatro cárceles más importantes

La modificación del régimen disciplinario se vincula con otra medida que anunció la funcionaria durante la presentación del presupuesto y luego explicó a este medio. Se trata de la compra de tecnología para reforzar los controles de ingreso. Concretamente, prevén instalar escáneres para revisar bolsos y cuerpos en las cuatro unidades penitenciarias que consideran prioritarias: Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte I y Almafuerte II.

"Los chips son muy fáciles de pasar, pero con el escáner no van a poder, es más difícil", afirmó la ministra, quien señaló que la intención es tener la nueva normativa lista antes de que llegue todo el equipamiento.

Mendoza cuenta con 22 unidades penitenciarias, aunque el plan inicial contempla esos cuatro establecimientos. La incorporación de los escáneres busca dificultar el ingreso de teléfonos, chips y otros elementos que pueden alimentar circuitos de comunicación ilegal desde el interior de las cárceles.

Inhibidores de señal en Almafuerte I

En paralelo, el Gobierno avanza con la instalación de inhibidores fijos de señal para los módulos 3 y 4 de Almafuerte I, establecimiento de máxima seguridad. Según anticipó Rus, el equipamiento debería llegar antes del 31 de diciembre, aunque el plazo dependerá de la entrega.

La ministra diferenció esta medida del bloqueo de líneas telefónicas vinculadas a las cárceles. Esta última medida surgió de dilatadas gestiones ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en las que la provincia exigió la implementación de un decreto que permita obligar a las empresa de de telecomunicaciones a bloquear celulares. Solo estaba vigente para cárceles federales. Con la oficialización, Mendoza gestionó el bloqueo de alrededor de 1.200 líneas identificadas como irregulares.

Ahora quieren instalar los inhibidores para las cárceles de máxima seguridad, específicamente esos módulos, donde se encuentran los internos con el perfil más conflictivo. Rus explicó que esto fue posible luego de la categorización de penales que hicieron en 2024, que le permitió trasladar unas 1500 personas entre las cárceles, un hecho sin precedentes para la provincia. 

La compra de este equipamiento costará aproximadamente 3.753 millones de pesos y ya fue licitada a la firma porteña Cytric Solutions Argentina, que cuenta con antecedentes en Mendoza, porque fue la proveedora de una plataforma de georreferenciación y módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales. Contrato por 2.569 millones de pesos.