El intendente Ricardo Mansur denunció falta de voluntad política y el ministro Víctor Fayad pidió llevar el debate a la Legislatura.
La audiencia por el reparto de los fondos de coparticipación entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Rivadavia concluyó este jueves en la Suprema Corte de Justicia sin acuerdo entre las partes. El máximo tribunal fijó plazo hasta el 26 de febrero de 2027 para producir las pruebas admitidas antes de convocar a una audiencia final previa a la sentencia.
Durante la jornada, los jueces rechazaron un pedido de Fiscalía de Estado para incorporar al litigio a los otros 17 municipios de la provincia. De este modo, el expediente por la acción de inconstitucionalidad continuará exclusivamente con la comuna esteña, el Ejecutivo provincial y Fiscalía de Estado como partes intervinientes.
Tras el encuentro, el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, cuestionó la falta de voluntad de diálogo del gobernador Alfredo Cornejo y reiteró que el sistema vigente perjudica gravemente a su departamento. El jefe comunal sostuvo que mantienen un coeficiente negativo basado en una realidad petrolera ya superada, lo que les genera pérdidas acumuladas cercanas a los 46.000 millones de pesos.
En contrapartida, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, rechazó las acusaciones de discriminación política y aclaró que la última reforma incluso mejoró levemente el coeficiente de Rivadavia. Si bien reconoció la merma de recursos petroleros en la zona, advirtió que la coparticipación es un "juego de suma cero" y que cualquier modificación debe debatirse en la Legislatura.
Por su parte, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, sostuvo que en este tipo de acciones judiciales no corresponde una instancia de conciliación y afirmó que no existe daño patrimonial concreto contra la comuna, ratificando que el Ejecutivo aguardará el fallo definitivo de la Corte.