La municipalidad de Luján de Cuyo venía acumulando denuncias al respecto. Y el gobierno de Mendoza tomó la decisión. En un sector del piedemonte lujanino se venían realizando movimientos de máquinas y también del suelo, pero estos trabajos no contaban con la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente. Es por eso que la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial resolvió suspender estos emprendimientos, hasta tanto los propietarios cumplan con la regularización legal, administrativa y ambiental.

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A las quejas de varios ciudadanos se le suman inspecciones y análisis de imágenes satelitales en las áreas del terreno cercanos al Polígono del Piedemonte. Allí se detectaron actividades de desmonte, movimiento, acondicionamiento de suelos y trazado de calles, por lo que la Unidad de Evaluaciones Ambientales, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial en conjunto con la Comisión de Piedemonte de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial procedió a la inmediata y total paralización y suspensión de toda actividad que se esté realizando en el sitio.

“Venimos realizando un intenso trabajo en materia de control con todo el personal de inspectores de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Es importante que cada persona antes de comprar un terreno se informe correctamente por los organismos oficiales, ya sean de la provincia o el municipio y así evitar cualquier incumplimiento con las normativas vigentes”, expresó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance.

Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial,.

La Coordinadora de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, Soledad Barros, afirmó: “El objeto de este acto administrativo es paralizar todas las obras denunciadas por la Municipalidad de Luján de Cuyo ya que se han detectado supuestos loteos que no están aprobados en el ámbito Municipal. En función de estas denuncias y luego de haber realizado inspecciones terrestres y aéreas, la Unidad de Evaluaciones Ambientales, en conjunto con la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y la CRP, ratificó que efectivamente se está realizando desmontes, aperturas de calles y anegamiento de cauces aluvionales, incumpliendo con la Ley 5961”

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“Todos los particulares que se vean afectados a la resolución publicada deberán hacer los reclamos pertinentes a los desarrolladores o propietarios del barrio al cual adquirieron la tierra, para exigirles el cumplimiento de todas las normativas para emprender un desarrollo inmobiliario”, concluyó la Coordinadora.

La Unidad de Evaluaciones Ambientales informa que se estableció un plazo de 5 días contados a partir de la notificación de la resolución para que los responsables presentasen el correspondiente descargo informando los motivos por los cuales se han iniciado los trabajos sin autorización.

Cabe destacar dos detalles de la lista de denunciados. Es que en esos casos las multas ascienden a $1.269.950. De todos modos, cada propietario deberá esperar a que se evalúen el resto de las obligaciones a pagar.