La ministra Ana María Nadal presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley.
Ante las renuncias masivas de anestesistas, la negativa de formar nuevos anestesiólogos, la no aceptación de cargos de planta y la imposición de convenios para prestar servicios, el Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley en la Legislatura para regularizar la situación que se vive en los hospitales públicos. “Frente a esta actitud corporativa, las cirugías programadas se han reducido 40% frente a los períodos normales”, explicó la ministra de Salud.
“El mencionado proyecto de ley tiene como objetivo establecer la emergencia sanitaria en prestación y formación de médicos anestesiólogos, ya que la situación actual pone en jaque el sistema de salud público y con esto la vida de los y las mendocinas, ya que de manera corporativa y monopólica un grupo de profesionales pretende controlar la anestesia en los hospitales públicos de nuestra provincia”, detalló Ana María Nadal.
La ministra recordó que “esta situación se agrava doblemente, porque las personas que asisten al sistema público son aquellas que tienen cobertura exclusiva estatal, de manera que hoy se ve afectada la salud de aquellas personas que resultan ser más vulnerables”.
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Teniendo en cuenta que la situación se ha vuelto “un abuso en la posición dominante respecto de la especialidad de anestesiología, por parte de la asociación que nuclea a dichos profesionales”, se solicitó declarar la emergencia en la especialidad durante 18 meses. De esta manera, el Estado busca garantizar el servicio para todas las personas que asisten al sistema público y que no cuentan con cobertura sanitaria privada.
“Este grupo de profesionales pretende una posición de privilegio respecto a otros profesionales de la salud que realizan tareas de igual o mayor criticidad y complejidad, pretendiendo no solo recibir salarios diferenciales sino también privatizar el servicio de anestesia poniendo en riesgo cierto la salud pública en nuestra provincia”, agregó la ministra.
Nadal dejó en claro que “la privatización de este servicio no solo implica perder la gestión de la salud pública en anestesia sino también un costo financieramente insustentable, significando un 139% mayor a lo que hoy se invierte en anestesiología, concentrando las ganancias en un grupo reducido de profesionales”.
Según datos relevados por el Ministerio de Salud, existen en la provincia 229 anestesiólogos con matrícula activa, de los cuales solo 61 poseen cargos de planta, a pesar de los ofrecimientos reiterados por parte del Poder Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes. Asimismo, este año, 68 profesionales han comunicado su voluntad de no renovar los contratos de prestación de servicios que mantenían vigentes en el subsector público.
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“En la actualidad muchos de estos profesionales poseen sueldos diferenciales respecto a otros profesionales de la salud, situación que buscamos no profundizar accediendo a los mecanismos de presión de la asociación que los nuclea, establecidos mediante la renuncia de prestadores de servicios de anestesia y en algunos casos de profesionales de planta”, informó Ana María Nadal.
Además, los profesionales residentes de la especialidad también se han visto afectados con las medidas monopolizadas del gremio que los nuclea, ya que “se niegan a proceder a la formación de los mismos”. En la provincia hay 768 anestesistas residentes que no pueden completar sus estudios debido a esta situación.
Por ello, en el marco de la emergencia, el proyecto también busca que la corporación de anestesistas deje de fijar “los cupos de formación y los aranceles cobrados por dichos profesionales, que producen un detrimento en las prestaciones de servicios”. Finalmente, Nadal informó que el lunes se reunirá con los jefes de bloque de la oposición y pidió que todos los legisladores acompañen la iniciativa, ya que se trata de un proyecto “para todos los mendocinos”.
En qué consiste el proyecto
La iniciativa establece la declaración de emergencia en la especialidad de anestesiología por el plazo de 18 meses, y se amplía el plazo para efectivizar las renuncias de los profesionales que así lo requieran, es decir, de 30 a 120 días.
Asimismo, se faculta al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a convocar anestesiólogos con matrícula vigente para realizar prácticas anestésicas, incluidas guardias de semana y fines de semana, siempre que hayan tenido una vinculación con el Estado en los últimos cinco años.
Por último, faculta al ministerio a arbitrar los medios tendientes a implementar estrategias de formación y capacitación de recurso humano en prácticas de anestesia y/o de otros profesionales relacionados con especialidades críticas.