En medio de un juicio, la fiscal Claudia Ríos se vio sorprendida por un ataque perpetrado por un condenado a prisión perpetua que también estaba siendo juzgado por un intento de homicidio en Almafuerte. Este incidente ha desencadenado una serie de repercusiones en el Servicio Penitenciario y en el sistema judicial.

Uno de los desarrollos notables es la decisión de poner en disponibilidad a siete penitenciarios. Estos siete funcionarios eran responsables del traslado de Hugo Eduardo Arredondo Suarez, el agresor de Ríos, desde el penal de Almafuerte hasta la sala de debates N° 15 del Polo Judicial, donde se produjo el intento de asesinato de la fiscal.

Marcelo Puertas, director de la Inspección General de Seguridad, confirmó esta medida y no descartó la posibilidad de que más penitenciarios hayan estado en contacto con el atacante o que haya habido complicidad entre Arredondo y algunos de ellos.

El hecho de que el condenado lograra llevar un arma blanca de fabricación casera (conocida como "chuza") hasta la sala de debates tras pasar por tres requisas evidencia fallos en el procedimiento de seguridad.

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El proceso de investigación sobre los penitenciarios seguirá los mismos pasos que se siguen en casos de policías acusados de infracciones. En primer lugar, se inicia un sumario en el que se recopila la evidencia que los implica en el incidente en cuestión. Los penitenciarios encargados de cada registro deben dejar constancia de sus acciones en una planilla, la cual deben firmar, eliminando así la posibilidad de confusiones sobre quién estaba a cargo de revisar al agresor.

Luego, se lleva a cabo una indagatoria en la que los acusados pueden decidir declarar o no, y tienen derecho a contar con la asistencia de un abogado defensor. Durante este proceso, pueden presentar pruebas en su defensa.

Finalmente, se determina si se impondrán sanciones y, en caso afirmativo, qué tipo de sanciones serían apropiadas. Si no se justifica ninguna sanción, se procede al sobreseimiento.

El proceso desde el inicio de la investigación hasta la toma de una decisión no debería tomar más de seis meses, dependiendo de la estrategia de defensa.

Inicialmente, los penitenciarios son apartados de sus cargos durante 15 días, pero esta medida puede extenderse hasta 60 días. Durante este período, reciben un salario reducido, que equivale a menos de la mitad de su sueldo habitual.

Si después de 60 días no se ha resuelto su situación, deben ser reincorporados a sus puestos de trabajo, aunque realizarán tareas en un área diferente a la que ocupaban antes de la investigación.

En cuanto a los motivos detrás del fallo en el procedimiento de los penitenciarios responsables del traslado de Arredondo, Puertas mencionó que podría deberse a una grave negligencia o, posiblemente, a algún acuerdo secreto con el recluso. "No descartamos ninguna posibilidad", afirmó.