El Gobierno nacional ha introducido modificaciones significativas a la Ley N.º 26.075 de Financiamiento Educativo mediante el Decreto 341/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Estas reformas permiten a la Secretaría de Educación de la Nación reasignar fondos destinados a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso de que no cumplan con los requisitos establecidos para su utilización. La medida busca, según el texto oficial, "mejorar la eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos destinados a la educación". 

Además, el decreto modifica el artículo 10 de la ley, excluyendo al Estado nacional de las negociaciones salariales docentes, las cuales recaerán ahora en las provincias y el Consejo Federal de Educación. El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, argumentó que esta decisión refuerza el federalismo al dejar en manos provinciales la definición de las condiciones laborales de sus empleados. 

Sin embargo, esta medida ha generado críticas por parte de sectores sindicales. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó su rechazo, calificando la modificación como un "gravísimo retroceso en materia de derechos laborales" y una "violación del espíritu federal y democrático" del sistema educativo. 

En Mendoza, las autoridades educativas provinciales aún no han emitido un comunicado oficial respecto a cómo implementarán estos cambios. No obstante, se anticipa que la provincia deberá asumir un rol más activo en la gestión y distribución de los fondos educativos, así como en las negociaciones salariales con los gremios docentes locales.

Esta reestructuración del financiamiento educativo se enmarca en un contexto de ajustes fiscales y tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias por la distribución de recursos. La implementación efectiva de estas modificaciones y su impacto en la calidad educativa y las condiciones laborales docentes serán aspectos a monitorear en los próximos meses.