El Gobierno Nacional de Argentina ha comunicado una trascendental decisión en materia de reestructuración estatal: el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad. Esta medida, anunciada oficialmente, representa un giro significativo en la administración de la infraestructura vial del país y forma parte de un plan más amplio de reordenamiento de la administración pública.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de formalizar el anuncio, brindando una justificación contundente detrás de la determinación. En sus declaraciones, Adorni afirmó que "la corrupción en la obra pública tiene su partida de defunción firmada", sentenciando de manera categórica el fin de una era para el organismo encargado de las rutas nacionales.

La oficialización de esta medida se produce en un contexto temporal estratégico, coincidiendo con el último día de las facultades delegadas al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Dichas potestades habían sido otorgadas por el Congreso en junio del año pasado, lo que subraya la base legal y el timing político de esta resolución gubernamental.

La Dirección Nacional de Vialidad no será la única entidad afectada por esta profunda reestructuración. Junto con ella, el Poder Ejecutivo ha resuelto también el cierre definitivo de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, consolidando así un paquete de decisiones que redefinen el esquema de gestión vial y de seguridad en las carreteras.

Este accionar gubernamental se enmarca en una filosofía de achicamiento del Estado y combate a la corrupción, buscando establecer nuevos paradigmas en la ejecución de la obra pública. La frase de Adorni refleja la postura del gobierno respecto a la historia de irregularidades en el sector, proponiendo un quiebre con prácticas pasadas.

Si bien el anuncio se centra en el cierre de los organismos, se anticipa que esta reconfiguración tendrá implicancias sustanciales en la futura gestión y financiamiento de la red vial argentina. Se espera que la administración busque alternativas para la infraestructura, posiblemente abriendo la puerta a nuevas modalidades de participación privada o concesiones.