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Mendoza Energía y ambiente

Latorre presentó ante el Senado el proyecto de ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

Junto a su equipo técnico, la ministra de Energía y Ambiente expuso ante la Comisión Conjunta de Ambiente y Hacienda los lineamientos de la nueva normativa GIRSU, que busca transformar el sistema de residuos en Mendoza bajo principios de sostenibilidad, salud pública e inclusión.


Lunes, 21 de Julio de 2025

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto al equipo de la Subsecretaría de Ambiente, presentó ante la Comisión Conjunta de Ambiente y Hacienda del Senado Provincial el proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, propone la implementación de un sistema moderno, equitativo y eficiente para el tratamiento de residuos urbanos en toda la provincia.

Durante la exposición, Latorre destacó que el proyecto es el resultado de un trabajo técnico iniciado en 2024, con relevamientos realizados municipio por municipio y tiene por objetivo contar con una normativa que se adapte a las necesidades actuales de Mendoza. "Ha cambiado el marco constitucional y se sancionaron leyes nacionales que establecen presupuestos mínimos para la protección ambiental. Si no adaptamos nuestra normativa a este nuevo enfoque sistémico, seguiremos con 18 subsistemas desarticulados y sin eficiencia", sostuvo ante los miembros de la Comisión.

El proyecto contempla la creación de un Sistema Provincial de Residuos, con principios rectores claros, competencias definidas, estándares mínimos garantizados y herramientas para la planificación regional, la participación ciudadana y el control. Además, prevé una estructura de sanciones más efectivas con carácter disuasivo, acompañadas de planificación y asistencia técnica.

"En materia ambiental, sancionar no puede ser un fin en sí mismo. Si no hay una estrategia integral que corrija las causas estructurales del problema, las multas no sirven. Por eso, este proyecto propone medidas firmes, pero enmarcadas en un plan con herramientas, medios y capacitación para los municipios y generadores privados", explicó la ministra.

Uno de los ejemplos más relevantes fue el cierre definitivo del basural de Puente de Hierro, el pasivo ambiental más importante de la provincia. Desde ese momento, 100?% de los residuos sólidos urbanos de Guaymallén se disponen en el relleno sanitario El Borbollón, el único centro de disposición final (CDF) formalmente habilitado en el Área Metropolitana.

Latorre informó que, a raíz de este cierre, Guaymallén incrementó 60?% sus envíos mensuales de residuos en apenas 20 días, lo que evidencia el ritmo al que se venía acumulando basura sin control y la urgencia de implementar un sistema articulado.

El diagnóstico: la clave para una ley integral

La subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, resaltó que Mendoza genera un promedio de 1,5 kg de residuos por habitante por día y que se han identificado 56 basurales a cielo abierto en zonas densamente pobladas.

"Este diagnóstico es clave para transformar esos pasivos ambientales en oportunidades de desarrollo productivo y energético. La ley no copia modelos ajenos: construye una herramienta adaptativa, coherente con la realidad territorial", señaló.

Ojeda explicó que el enfoque integral también incorpora residuos asimilables, como los industriales y agroindustriales, y que la separación en origen, la trazabilidad y el fortalecimiento de la fiscalización son ejes estructurantes del nuevo modelo.

"Necesitamos dejar de ver los residuos como basura y empezar a verlos como recursos. Esta ley no solo protege el ambiente sino que puede dinamizar la matriz productiva provincial", agregó.

Por su parte, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, destacó el carácter participativo del proceso de elaboración de la ley: "Recorrimos toda la provincia, más allá del color político, para entender problemas y construir soluciones con cada municipio".

Finalmente, la coordinadora del programa GIRSU, Graciela Marty, presentó los datos del Gran Mendoza, remarcó los aportes técnicos realizados desde el área y aseguró que la nueva ley permitirá ordenar un sistema que hoy funciona de manera fragmentada.

Durante la exposición, el equipo mostró que la normativa también incorpora información detallada sobre los CDF existentes, los volúmenes gestionados y los valores estipulados:

. El Borbollón (Área Metropolitana): recibe entre 30.000 y 32.000 tn mensuales. Con Guaymallén incorporado, se proyectan hasta 41.000 tn. Precio por tonelada: $20.000 para municipios, $30.250 para privados.

. COINCE (San Carlos): 3.000 tn mensuales de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Precios: $13.000 (municipios) y $20.000 (privados).

. COINES (Rivadavia): entre 3.500 y 4.200 tn mensuales de Santa Rosa, La Paz, Junín, Rivadavia y San Martín. Precios: $10.000 (municipios) y $22.000 (privados).

Sobre la Ley GIRSU

El proyecto de ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) parte del reconocimiento de que la gestión de residuos se debe abordar como política pública con impacto ambiental, sanitario, económico y social.

Uno de sus ejes es la regionalización del sistema, dividiendo la provincia en cuatro zonas funcionales e impulsando la cooperación entre municipios a través de Agentes de Gestión. Cada departamento deberá elaborar su propio Plan Municipal de Residuos, en línea con el Plan Provincial, incorporando diagnóstico, metas, costos y estrategias de inclusión.

El Ministerio de Energía y Ambiente será la autoridad de aplicación, con amplias competencias en planificación, fiscalización, asistencia técnica y control del cumplimiento. Se creará un Sistema de Información Ambiental Público y un Fondo Provincial GIRSU, que financiará infraestructura, equipamiento y programas municipales, con recursos provinciales, tasas específicas y posibles líneas de crédito nacionales e internacionales.

La ley establece un sistema riguroso de sanciones, pero también incorpora mecanismos de recomposición y educación ambiental. Además, formaliza la inclusión de recuperadores urbanos y promueve la inversión privada en centros de economía circular.