El Gobernador Alfredo Cornejo se presentó, junto a sus pares de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py. Los mandatarios buscan participar activamente en un proceso que investiga la compra de acciones realizada por el Grupo Petersen en 2007, que dio origen al multimillonario pleito judicial que enfrenta el Estado argentino por la expropiación de la petrolera.

"Queremos frenar el atropello de malas gestiones kirchneristas por las que hoy todos los argentinos estamos sometidos a un juicio que compromete la soberanía nacional y el futuro de nuestras provincias productoras de petróleo", afirmó el Gobernador Cornejo durante la conferencia de prensa que brindaron en Buenos Aires luego de su paso por los tribunales. A esto, Torres aclaró que "de ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal".

Al respecto, Cornejo advirtió que "Argentina atraviesa una situación crítica, un embargo por 16.000 millones de dólares que está en plena ejecución en un tribunal de Nueva York", y subrayó que como Gobernador de Mendoza, una provincia petrolera y socia de YPF, no puede permanecer indiferente frente a una injusticia que calificó como "consecuencia directa de la gestión irresponsable del kirchnerismo".

En el mismo sentido, Cornejo aseguró: «Vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece", a lo que Torres agregó: "Ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió", entre ello, el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares, más intereses, y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.

Torres apuntó que "ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defender YPF y también lo que es propiedad de las provincias productoras".

El mandatario chubutense explicó que "el grupo Eskenazi se hace del 25% de las acciones de YPF apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados, y esto precede a la expropiación". En ese sentido, señaló que "luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el grupo Eskenazi le vende el juicio que había iniciado contra la República Argentina reclamando una indemnización por el procedimiento expropiatorio a un fondo muy conocido por los argentinos por el daño que le ha hecho al país", e indicó que "en esa expropiación, el 49% del 51% expropiado es de las provincias productoras de petróleo".

Presentación ante la Corte de Nueva York

Sin perjuicio de la querella penal, las provincias presentaron también este mismo lunes un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF en el marco del juicio que lleva adelante la jueza Preska.

El fallo de la magistrada neoyorkina "no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado argentino", manifestó Torres al respecto.

El origen

En diciembre de 2007, el grupo Petersen -liderado por el empresario argentino Enrique Eskenazi- firmó un acuerdo con Repsol YPF para adquirir el 25% de las acciones a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, radicadas en España. En 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26741 y aprobó la ley declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, con el objetivo de retomar el control de la compañía.

Para entonces, Repsol contaba con el 57% de la empresa, dado que, tras venderle el 25% al grupo Petersen, se desprendió de más acciones. La operación terminó de confirmarse en 2014, cuando el consejo de Repsol aceptó la oferta del Gobierno de US$ 5 mil millones como indemnización por la expropiación de la compañía.

El fondo Burford Capital compró el derecho de litigio durante el proceso de quiebra del grupo Petersen, y en abril de 2015 presentó una demanda contra la Argentina ante la Justicia de Nueva York reclamando una indemnización. El argumento de la demanda se basó en que el Estado argentino violó el artículo 7° del Estatuto de YPF, que prevé que si alguien compraba más del 15% de la empresa, debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas, algo que en este caso no ocurrió.

En marzo de 2023, la jueza del Distrito Sur de Nueva York Loretta Preska hizo lugar al pedido de los demandantes y señaló que la Argentina "incumplió el contrato" por no ofrecer una compensación a todos los accionistas. No obstante, excluyó de responsabilidad a YPF. En septiembre del mismo año, la magistrada puso fin al litigio al ordenar al Gobierno el pago de US$ 16,1 mil millones por la reestatización de YPF.

En junio de 2025, Preska le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización. Sin embargo, un mes después, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió preventivamente la orden de la jueza, eximiendo por el momento a la Argentina de entregar las acciones de la petrolera.