El expediente llegará a tratamiento legislativo tras una Audiencia Pública con participación histórica, 16 dictámenes sectoriales, informes técnicos de la Autoridad Ambiental Minera y de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y análisis de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y del Consejo Provincial del Ambiente.
Tras emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, el Gobierno de Mendoza la remitirá a Legislatura luego de un proceso de análisis interinstitucional, que incluyó talleres participativos, una Audiencia Pública de diez días -con récord de participación ciudadana- y una instancia posterior de presentaciones escritas, donde se incorporaron más de 9.500 aportes al expediente.
La Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, elaboró un informe técnico que da respuesta a todas las intervenciones orales y escritas, consolidando un documento de casi 6.000 páginas de respuesta pública, disponible para consulta de cualquier interesado.
En el proceso intervinieron casi 100 profesionales y 16 organismos sectoriales y técnicos, y la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), cuyos requerimientos y recomendaciones fueron incorporados en la Resolución. Además, luego de más de 10 años se volvió a conformar una mesa interdisciplinaria ambiental denominado Consejo Provincial del Ambiente -integrante a su vez de la CEIAM-, que realizó una detallada evaluación del proyecto a lo largo de varios encuentros, culminando con un informe con recomendaciones claves para el desarrollo sostenible del proyecto.
"La presentación de la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino para su ratificación legislativa es un hito muy importante. Un paso más en este proceso que está llevando adelante la provincia para que las inversiones privadas desarrollen una actividad minera sostenible, que incremente los ingresos y dinamice la economía local y colabore en esos mismos objetivos en la economía nacional", destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
En esa línea, resaltó que esta Declaración de Impacto Ambiental "es el resultado de un proceso de evaluación técnico, participativo y transparente. Que continuará con los mismos estándares de exigencia durante toda la vida del proyecto".
Por último, Latorre invitó "a la ciudadanía a ser parte de los controles de manera directa o indirecta" y aseveró que "la información está y seguirá estando a disposición de todos los interesados".
Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, comentó que con este proceso "la Provincia eleva la vara ambiental con más control, más tecnología y más participación. No es un cheque en blanco: es una autorización con obligaciones estrictas, monitoreos en tiempo real y puertas abiertas a la ciudadanía".
Finalmente, Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, destacó: "El agua, la biodiversidad y el patrimonio cultural están en el centro del esquema de salvaguardas. La transparencia es un compromiso: habrá informes públicos y auditoría social para que la ciudadanía pueda realizar un seguimiento en caso de que el proyecto obtenga la ratificación legislativa".
Además de contener el expediente completo, la DIA establece un esquema estructurado sobre cinco ejes:
1) Agua - Protección estricta y monitoreo continuo
Red integrada de monitoreo superficial y subterráneo con estaciones automáticas y piezómetros.
Acceso institucional en tiempo real a los datos.
Impermeabilización del depósito de residuos con controles geotécnicos y sistemas de alerta temprana.
Balance hídrico validado y garantía de caudal ecológico.
Planes de gestión de efluentes aprobados y auditados por el Departamento General de Irrigación.
2) Biodiversidad - Evitar, minimizar, restaurar y compensar
Planes de revegetación con flora nativa y control de especies exóticas.
Protocolos de protección animal y rescate.
Protección específica de vegas y la Ciénaga de Yalguaraz con monitoreo hidrológico.
3) Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan - Protección reforzada
Estudios actualizados con registro georreferenciado de hallazgos.
Invitación a la participación de la Organización de Comunidades del Pueblo Huarpe (OMTA) en acciones de monitoreo cultural.
4) Aire, emisiones y clima
Red meteorológica bajo estándares OMM/SMN.
Plan de control de material particulado con sistemas de alerta y conteo vehicular.
Inventario de GEI y estrategias de mitigación.
5) Participación ciudadana y control social
Creación de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto (UGA-PSJ) con participación de CEIAM, universidades, organismos sectoriales y la comunidad.
Programa de Monitoreo Participativo del agua y Programa de Visitas Abiertas.
Informes trimestrales e Informe de Situación Anual bajo Declaración Jurada.
Además, establece un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incluyen protocolos sísmicos, de crecidas, derrames, incendios y contingencias multiamenaza.
También se obliga a la Empresa a implementar y mantener Programas de Integridad y Compliance, haciendo extensible el mismo, a toda su cadena de contratación. Además, como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.
El proyecto, además, crea un Fondo Socioambiental y de Compensación destinado a financiar medidas de compensación ambiental, fortalecer las instancias de monitoreo y participación comunitaria, y promover programas de empleo local, desarrollo de proveedores regionales y capacitación técnica.
PSJ Cobre Mendocino se ubica a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza. Representa la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera, orientado a la producción de insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.
Todos los documentos que integran el expediente y que tratará la Legislatura se encuentran disponibles para su consulta pública desde el inicio del proceso y pueden consultarse desde la página del Ministerio de Energía y Ambiente.
Esto incluye los informes técnicos elaborados por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, el informe técnico de la FUNC, y los dictámenes sectoriales emitidos por diversos organismos provinciales y nacionales, y el Informe Final Único elaborado por la CEIAM en el que tuvo intervención el Consejo Provincial del Ambiente.
Entre las entidades que emitieron opinión se encuentran la Municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación, las direcciones Provinciales de Vialidad, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Gestión de Bienes Registrables del Estado, Biodiversidad y Ecoparque, el área de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (Iadiza), el Ente Mendoza Turismo (Emetur).