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Nuevos convenios para ampliar la oferta laboral en el Servicio Penitenciario de Mendoza

Dos empresas instalarán sus maquinarias en el Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto "El Borbollón" y allí capacitarán a personas privadas de libertad que están próximas a salir en libertad.


Miercoles, 10 de Diciembre de 2025

El Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM) firmó dos nuevos convenios de colaboración con Novoli SAS y Reciclarg Recycling Technology SA, empresas que se incorporan al programa provincial de formación y trabajo en contexto de encierro.

Reciclarg Recycling Technology SA es una firma mendocina dedicada al reciclaje y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos, la economía circular, la reutilización de materiales y el desarrollo de productos sostenibles. A partir del convenio, la empresa aportará conocimientos técnicos y actividades productivas que permitirán formar a personas privadas de libertad en procesos de reciclaje, reparación y reutilización.

Por su parte, Novoli SAS se suma como nueva empresa colaboradora, ampliando la red de organizaciones privadas que desarrollan actividades laborales dentro de los establecimientos penitenciarios, brindando capacitación, tareas productivas y una primera experiencia de inserción en el mercado laboral.

Ambas instalarán sus maquinarias e impartirán capacitaciones a hombres y mujeres privadas de libertad, alojadas en el Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto "El Borbollón", quienes están próximas a salir en libertad.

Trabajo, formación y oportunidades: ejes de la política penitenciaria

Estos acuerdos fortalecen la política pública impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que considera al trabajo como un eje central para la reinserción social. Tal como lo sostienen las autoridades provinciales, la capacitación y la actividad laboral en contexto de encierro permiten adquirir hábitos, habilidades y oficios que mejoran las posibilidades de integración una vez recuperada la libertad.

La articulación entre el Estado y el sector privado genera además un circuito productivo con impacto social: favorece la reducción de la reincidencia, facilita el acceso a empleo formal y contribuye a que las personas privadas de libertad encuentren un proyecto de vida digno y sostenible fuera del ámbito penitenciario.