Mendoza, de de
Mendoza, de de
El Juzgado Federal N°1 de Mendoza imputó a 17 ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por delitos cometidos contra niños y niñas durante la última dictadura.
El Juzgado Federal N°1 de Mendoza imputó y comenzó a tomar declaración a 17 ex militares y policías por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura. A esos casos se sumaron los hechos sufridos por otras dos pequeñas, ya reconocidos en un juicio previo como parte del terrorismo de Estado.
La causa fue impulsada por el fiscal federal Dante Vega, junto a los auxiliares Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar, y reconstruye un patrón de violencias dirigidas específicamente contra menores en operativos represivos ejecutados contra sus padres o madres. Entre los imputados figuran numerosos ex agentes del Departamento de Informaciones Policiales D-2, además de integrantes del Destacamento de Inteligencia N°144 del Ejército y la IV Brigada Aérea.
La mayoría de los acusados ya enfrentó procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, vinculados a los secuestros, asesinatos o desapariciones de los progenitores de las víctimas. En esta nueva imputación se abordarán los hechos que afectaron de manera directa a los niños, muchos de los cuales estuvieron expuestos a tormentos físicos y psicológicos, institucionalización forzada, traslados a centros clandestinos o situaciones extremas como abandonos y utilización como “cebo” para capturar adultos perseguidos.
El Ministerio Público Fiscal clasificó los delitos en cinco categorías, que incluyen detenciones ilegales de menores tras el secuestro de sus padres, violencias durante los operativos, tormentos psicológicos por exposición a armas y amenazas, abandono de persona y agresiones diferenciadas contra niños y adolescentes. También se relevaron delitos vinculados a la identidad, como sustracción, retención u ocultamiento de menores y alteración del estado civil.
En su requerimiento, la fiscalía sostuvo que estos hechos buscaron quebrar lazos familiares y suprimir o alterar la identidad de las víctimas, en un esquema represivo donde el D-2 funcionó como principal centro clandestino de detención en Mendoza, con apoyo del Destacamento de Inteligencia N°144 y la IV Brigada Aérea.
El Ministerio Público solicitó imputaciones por privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción y delitos vinculados a la identidad. Para la fiscalía, se trata de crímenes de lesa humanidad que formaron parte de un plan sistemático de persecución que también tuvo como víctimas directas a las infancias.
