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La Autoridad Ambiental Minera realizó un nuevo relevamiento de la actividad ladrillera

Equipos técnicos de la Autoridad Ambiental Minera ejecutaron tareas de relevamiento y diagnóstico en El Borbollón, en el marco del ordenamiento del sector minero y la aplicación del Código de Procedimiento Minero, con foco en el desarrollo sustentable.


Lunes, 15 de Diciembre de 2025

En el marco de las acciones de Control Ambiental y ordenamiento del sector minero, equipos técnicos de la Autoridad Ambiental Minera (AAM), integrados por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA) y la Dirección de Minería, dependientes de la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza, realizaron tareas de relevamiento y diagnóstico sobre actividades productivas con impacto socioambiental vinculadas a la actividad ladrillera.

Las acciones comenzaron en el distrito El Borbollón, departamento de Las Heras, zona que concentra la mayor cantidad de hornos de ladrillos de la provincia. El trabajo en territorio permitió relevar las condiciones productivas, ambientales y sociales de la actividad, así como recopilar información técnica clave para su evaluación integral.

"Este relevamiento nos permite construir una línea de base técnica y social para trabajar con los municipios, productores y vecinos en un proceso de regularización responsable, que reduzca impactos y dé previsibilidad a la actividad", señaló Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.

La actividad ladrillera se encuentra comprendida dentro de la minería no metalífera de tercera categoría, por lo que estas tareas se inscriben en el proceso de ordenamiento, regularización y fiscalización de todas las actividades mineras, en cumplimiento del nuevo Código de Procedimiento Minero, recientemente implementado por la Provincia.

El objetivo del relevamiento es avanzar hacia acuerdos estratégicos entre el Gobierno provincial, los gobiernos locales, los productores y los vecinos de la zona, orientados a la regularización de la actividad, la reducción de impactos ambientales y la mejora de la convivencia territorial.

"Este abordaje forma parte de una política pública integral que busca compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental, el respeto por la población y el uso responsable de los recursos naturales, fortaleciendo los mecanismos de control, planificación y cumplimiento normativo", agregó Fernández.

Las tareas de relevamiento y diagnóstico continuarán en otras zonas de la provincia como parte de una estrategia sostenida de gestión ambiental y ordenamiento minero, orientada a consolidar un desarrollo sustentable y sostenible, con reglas claras, presencia territorial del Estado y participación de los actores involucrados.