El sindicato calificó la oferta como escasa y advirtió que los docentes mendocinos siguen entre los peor remunerados del país.
Este viernes se dio inicio formal a las paritarias 2026 en la Subsecretaría de Trabajo, donde los representantes del Gobierno provincial presentaron la primera oferta salarial al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). El encuentro, realizado en el microcentro mendocino, marcó el pulso de una negociación que arrancó con tensiones y un desacuerdo inmediato entre las partes, sentando las bases de lo que se espera sea una discusión compleja para el sector docente y de celadores.
La propuesta oficial consistió en un aumento salarial del 7% para el primer semestre del año, el cual se aplicaría de forma desdoblada: un 5% en marzo y un 2% restante en mayo. Según los paritarios estatales, este esquema busca dar previsibilidad a las arcas públicas, pero para la conducción sindical el planteo está lejos de cubrir las necesidades del sector. Tras analizar los números, el SUTE rechazó de plano la oferta, lo que obligó a pasar a un cuarto intermedio para los próximos días.
Gustavo Correa, secretario general del sindicato, expresó su malestar antes y después de la reunión, señalando que la principal expectativa es no perder frente a la inflación. El dirigente remarcó con preocupación que Mendoza se encuentra en el puesto 19 o 20 del ranking nacional de salarios docentes si se descuentan adicionales como el ítem aula y el arraigo. Para el gremio, el incremento del 7% no garantiza de ninguna manera la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos meses.
Además del componente salarial, el sindicato llevó a la mesa de negociación una serie de reclamos por incumplimientos en acuerdos previos. Denunciaron demoras significativas en el pago de adicionales que fueron convenidos en paritarias anteriores, haciendo especial énfasis en el ítem por formación profesional. Según detallaron los representantes de los trabajadores, este beneficio acordado el año pasado todavía no ha sido percibido en su totalidad por el cuerpo de celadores de la provincia.
Desde el Gobierno defendieron la propuesta argumentando que se trata de un punto de partida en un contexto económico que exige responsabilidad fiscal. Sin embargo, el SUTE insiste en que la realidad del aula requiere un reconocimiento superior para evitar que los profesionales de la educación sigan cayendo en la escala salarial comparativa con otras provincias. La falta de acuerdo en esta primera instancia anticipa un escenario de posibles medidas de fuerza si la oferta no mejora sustancialmente.
Las partes volverán a verse las caras en una nueva audiencia fijada para la próxima semana. En ese intervalo, el Ejecutivo analizará posibles retoques a los porcentajes o la inclusión de sumas que puedan destrabar el conflicto. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece expectante, ya que el desenlace de esta negociación será determinante para garantizar el normal dictado de clases en el inicio del ciclo lectivo que se aproxima.