El ex policía Martín Berdejo, quien cumple una condena a prisión perpetua en el Complejo San Felipe, presentó un hábeas corpus correctivo ante la Justicia de Ejecución Penal para denunciar el estado edilicio de la sede universitaria en Boulogne Sur Mer. Según el escrito, las intensas tormentas de las últimas semanas afectaron gravemente el techo, las paredes y el mobiliario del espacio donde funciona el programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro (EUCE). El planteo judicial busca una solución urgente para garantizar condiciones dignas de estudio dentro del penal de Capital.

El pedido de fondos decomisados al ex juez Walter Bento

En su presentación, Berdejo argumentó que las filtraciones de agua dañaron de forma irreparable las computadoras utilizadas por los internos, vulnerando el derecho a la educación reconocido por normas internacionales como las Reglas Mandela. Lo más llamativo del reclamo es la propuesta de financiamiento: el interno solicitó que las obras de refacción y la reposición de la tecnología se realicen con fondos secuestrados en causas de corrupción de alto impacto. Específicamente, pidió que se utilicen los activos decomisados en el proceso que involucró al ex juez federal Walter Bento.

Berdejo, quien fuera integrante de la Policía contra el Narcotráfico (PCN), fue condenado a la pena máxima por el doble crimen de la pareja chilena integrada por Oscar Guzmán y Carmen del Pilar Honorato, ocurrido en Vistalba en octubre de 2013. La investigación en aquel entonces fue contundente al hallar vainas de su arma reglamentaria en la escena del crimen. Actualmente, desde su lugar de detención, sostiene que el deterioro de las instalaciones universitarias afecta la dignidad de las personas privadas de la libertad y entorpece su proceso de formación académica.

La solicitud incluye la reparación integral de la infraestructura situada en Boulogne Sur Mer y la compra de nuevo equipamiento informático para las aulas. El interno sostiene que el Estado debe asegurar medidas materiales compatibles con el derecho a la educación, independientemente de la situación de encierro. El planteo ahora está en manos de la Justicia de Ejecución, que deberá evaluar si hace lugar a la medida correctiva y si es factible la utilización de los fondos provenientes de causas de corrupción para este fin específico.

Este reclamo surge en un contexto de creciente debate sobre las condiciones de detención en las cárceles de Mendoza y el mantenimiento de los espacios educativos intramuros. Mientras se espera una resolución judicial, el personal penitenciario monitorea el estado de los sectores afectados por el temporal para evitar mayores daños estructurales. La decisión final sobre el hábeas corpus marcará un precedente sobre cómo se deben gestionar las contingencias climáticas en los sectores de formación técnica y universitaria del sistema penitenciario provincial.