El Gobierno nacional formalizó este miércoles una medida que impactará directamente en los operativos de seguridad del fútbol argentino. A través de la Resolución 429/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, se extendió el programa Tribuna Segura para impedir el acceso a los estadios a ciudadanos que figuren en los registros de deudores alimentarios morosos. La normativa busca utilizar la concurrencia a espectáculos masivos como un mecanismo de presión judicial para garantizar el bienestar de los menores afectados.

Unificación nacional y cruce de datos por DNI

La restricción alcanza inicialmente a unas 13.000 personas en todo el país. Hasta el momento, el sistema se centraba en individuos con antecedentes de violencia o pedidos de captura, pero con esta ampliación, los dispositivos de control cruzarán información con los registros provinciales de alimentantes morosos. Si bien jurisdicciones como Salta o Buenos Aires ya aplicaban sanciones similares, la nueva resolución unifica el criterio para todas las provincias adherentes, permitiendo que un deudor sea detectado en cualquier estadio del territorio nacional.

La implementación operativa será inmediata: el sistema funcionará mediante el escaneo del documento nacional de identidad en los alrededores de las canchas de la Liga Profesional y torneos internacionales. Al momento del control, el dispositivo móvil arrojará una alerta de restricción administrativa similar al derecho de admisión. Según detalla el texto oficial, la inhabilitación para ingresar a las tribunas se mantendrá vigente mientras persista la situación de incumplimiento que le dio origen en la Justicia de Familia.

Desde la cartera de Seguridad explicaron que la medida responde a numerosos oficios judiciales que solicitaban incluir a estos infractores en las bases de datos de seguridad deportiva. La intención es que el impedimento de acceso a eventos de esparcimiento funcione como un disuasivo eficaz frente al incumplimiento de las obligaciones parentales. La cifra de afectados es dinámica y se irá ajustando según las altas y bajas que informen periódicamente los juzgados y los registros civiles de cada provincia.

Finalmente, la normativa ratifica que estas acciones se fundamentan en razones de interés público y responsabilidad social. Con la entrada en vigencia de esta resolución este 13 de mayo, los operativos en los estadios mendocinos y del resto del país ya cuentan con la actualización de la base de datos. De esta manera, el fútbol argentino suma una nueva capa de control que trasciende lo deportivo para involucrarse en el cumplimiento de derechos básicos vinculados a la crianza y el derecho civil.