Los colectivos de larga distancia suelen ser una oportunidad utilizada por los contrabandistas, debido a que los controles terrestres a veces resultan menos estrictos en comparación con los viajes aéreos. Sin embargo, esta vía de transporte no le funcionó a un pasajero que viajaba desde Buenos Aires con destino a Mendoza con un arsenal de armas de fuego oculto en su equipaje a bordo de un micro de línea. El operativo, ejecutado por las fuerzas de seguridad federales, derivó en una causa judicial que ahora, exactamente dos años después del procedimiento, terminó con el responsable formalmente condenado tras admitir su culpabilidad ante los magistrados.

El control aduanero en Desaguadero, el secuestro del arsenal y la sentencia del juez

El procedimiento clave se registró al mediodía, cuando un ómnibus de la empresa Cata ingresó a territorio mendocino a través del arco de Desaguadero, el límite interprovincial ubicado en el departamento de La Paz. La unidad de transporte de pasajeros había salido la jornada anterior desde la terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenía como destino final la Terminal de Ómnibus de Guaymallén. Durante una requisa de rigor en la frontera, efectivos de Gendarmería Nacional abrieron el baúl lateral del colectivo y el can adiestrado Bronco comenzó a olfatear las encomiendas, marcando de inmediato el bolso de uno de los viajeros.

Al ubicar al dueño del equipaje, los gendarmes le solicitaron que abriera el bolso y descubrieron en su interior un arsenal compuesto por 23 armas de fuego: diez pistolas calibre 9 milímetros, una calibre 45, otra calibre 40, un revólver calibre 36 y un subfusil. Además del armamento pesado, el cargamento ilícito incluía 45 cargadores para distintos tipos de calibre, 30 cartuchos de municiones y un silenciador. El propietario del bulto, identificado como Matías Andrés Rojas, de 32 años de edad y oriundo del barrio porteño de Boedo, quedó detenido inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales.

En las últimas horas, el juez federal Alberto Carelli resolvió la situación procesal del imputado mediante un mecanismo de juicio abreviado. El magistrado condenó a Rojas a una pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por resultar autor responsable de los delitos de acopio de armas de fuego y encubrimiento, esta última calificación ligada a que la mayoría de las pistolas secuestradas presentaban sus números de serie limados para evitar el rastreo de origen. De este modo, el condenado continuará privado de su libertad en dependencias penitenciarias, aunque por el tiempo transcurrido se encuentra próximo a obtener beneficios carcelarios.

De acuerdo con las principales hipótesis que manejaron los investigadores vinculados a la causa federal, la sospecha principal es que este importante lote de armas de fuego era contrabandeado con el objetivo explícito de insertarlo en el mercado negro ilegal que opera en varias provincias de la Argentina. Asimismo, las fuentes judiciales del caso no descartan que parte del armamento tuviera como destino final su traspaso fronterizo ilegal hacia la República de Chile a través de los pasos de alta montaña.