Mendoza, de de
Mendoza, de de
El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que veda la entrega de cualquier especie como recompensa o incentivo en concursos y subastas.
El municipio de Las Heras dio un paso fundamental en materia de bienestar animal y derechos ambientales dentro de la provincia de Mendoza. El Concejo Deliberante local aprobó por amplia mayoría una innovadora ordenanza que prohíbe de forma taxativa la entrega de animales de cualquier especie como premio, incentivo o recompensa en rifas, sorteos, concursos, subastas o modalidades comerciales similares. La medida busca desalentar de raíz la tenencia irresponsable, una problemática que suele derivar en cuadros de abandono, negligencia o maltrato.
La normativa aprobada fue impulsada por la concejala Noelia Delpir, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, y viene a reemplazar de manera integral una legislación anterior que había quedado obsoleta frente a los paradigmas actuales. El gran avance de esta legislación radica en que no se limita exclusivamente a las mascotas tradicionales como perros y gatos, sino que abarca y protege a todos los animales sin distinción de raza, tamaño, especie ni condición biológica.
El principal sustento ético y legal de la nueva norma comunal radica en el reconocimiento explícito de los animales en el carácter de "seres sintientes". Para avanzar en este encuadre, los ediles tomaron como base técnica un reciente e histórico fallo dictado por la propia Justicia de Mendoza, el cual marcó un precedente jurisprudencial en el país al declarar a dos caballos rescatados de situaciones extremas de maltrato bajo la figura jurídica de sujetos de derecho.
Con esta base, el municipio busca erradicar la vieja concepción de los animales como meros objetos de intercambio comercial o de entretenimiento. La ordenanza entiende que las entregas azarosas en sorteos públicos o privados impiden evaluar de forma previa si las familias receptoras cuentan con el espacio físico, los recursos económicos y la verdadera predisposición para garantizar una crianza digna y responsable.
Para garantizar el cumplimiento efectivo de la restricción, el texto legislativo prevé un severo régimen de penalizaciones para los organizadores e infractores. Las multas estipuladas oscilarán entre los 130.000 y los 300.000 pesos, montos que se graduarán según el nivel de gravedad de la infracción, la cantidad de animales que se encuentren involucrados en el evento y la posible reincidencia procesal de los responsables.
Asimismo, las sanciones contemplan el secuestro inmediato de los ejemplares por parte de los inspectores. El infractor tendrá la obligación legal de costear la totalidad de los gastos derivados del cuidado del animal rescatado, abarcando los conceptos de traslado, alojamiento temporal y la correspondiente atención médica veterinaria. La fiscalización estará a cargo de un área específica del Ejecutivo lasherino, que habilitará líneas de contacto directas para recibir las denuncias de los vecinos.
