El papa Francisco prohibió a los miembros de la Curia romana aceptar "regalos u otros beneficios" de más de 40 euros, en el marco de una nueva regulación anticorrupción que exige a directivos de la Santa Sede no tener activos "en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia".

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La curia romana es el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y de la Iglesia católica. Está compuesta por un grupo de instituciones, denominadas dicasterios, bajo la dirección del papa, que ejercen las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales.

A través de un decreto dado a conocer este jueves por la Santa Sede, el Papa prohibió que los empleados de la Curia Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los organismos asociados acepten, por razón de su cargo, "regalos u otros beneficios" de un valor superior a 40 euros.

El nuevo "Motu proprio" del Papa exige además que los directivos y administrativos declaren que no tienen condenas, ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal y no tener dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales.

Al mismo tiempo, los cargos de responsabilidad en la estructura de la Iglesia no podrán invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia.

La nueva disposición sigue a la del 19 de mayo de 2020, cuando Francisco promulgó el nuevo código de contratación pública, y era necesaria, explicó el pontífice en los considerandos, porque la corrupción "puede manifestarse en diferentes modalidades y formas, incluso en sectores distintos de la contratación pública".

Así, el Papa ha decidido añadir artículos al Reglamento General de la Curia Romana, con una medida que concierne a cardenales y hasta los vicedirectores de los organismos con contratos directivos de cinco años, además de a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.

Los funcionarios tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que deberán testificar de no haber tenido condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y de no haberse beneficiado de indulto, amnistía o gracia, y de no haber sido absueltos por prescripción.

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En las declaraciones, los funcionarios deben declarar que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales.

Asimismo, marca el nuevo decreto pontificio, deberán garantizar, según su conocimiento, que todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas.

En línea con los reclamos del pontífice en el mundo de las finanzas, los funcionarios vaticanos no podrán tener participaciones o "intereses" en sociedades o empresas que operen con fines contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia.

Según lo establecido, la Secretaría para la Economía podrá realizar comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones realizadas en papel por los declarantes, y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas o mendaces, podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos.