"Los peritos terminaron de confirmar lo que todos esperábamos, efectivamente se trata de un homicidio", señaló el abogado de la familia.
La mendocina Florencia Morales murió en abril del año pasado, en San Luis. Fue detenida en plena cuarentena por incumplir con el confinamiento y, horas después, apareció muerta en un calabozo: la policía dijo que se suicidó.
Más de un año después, los peritos determinaron que la mujer fue asesinada, publicó el diario El Chorrillero.
Con las pruebas de criminalística se descartó la hipótesis del suicidio, teoría que la familia de Florencia nunca creyó.
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"Los peritos terminaron de confirmar lo que todos esperábamos, efectivamente se trata de un homicidio, es decir que provocaron la muerte de Florencia", confirmó Santiago Calderón Salomón, abogado de la familia Morales, en declaraciones al programa "La Mañana" de Dimensión.
Asimismo, aclaró que la causa se podría haber solucionado con la primera autopsia, pero como en esa instancia se investigó un suicidio "se omitieron algunas cuestiones".
"En la segunda necropsia detectaron que faltaban los músculos del cuello que son fundamentales para conocer la asfixia mecánica y no se detectó nada más por el estado putrefacción del cuerpo,", destacó.
Por su parte, contó que las muestras que se enviaron al laboratorio de La Pampa no sirvieron por "el mal estado de conservación".
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"Como última opción nos quedó acudir a la ciencia criminalística que inspeccionaron la medida del cordón y la bisagra donde se anclaba, el peso de Magalí, la posición del cuerpo en la que se la encontró, no coincide con la posibilidad de un suicidio", insistió.
Para llegar a esta hipótesis, la familia tuvo que contratar a los peritos forenses por sus propios medios.
"Queda saber quiénes participaron. Hemos pedido como consecuencia de estos nuevos elementos probatorios que se amplié el sumario y que se indague a los policías, pero ahora por el homicidio, inclusive hicimos referencia al inciso 11 y 4 que tiene que ver con femicidio, con la perspectiva de género", indicó.
El caso
Según la pesquisa, el 5 de abril Morales se retiró de su domicilio en bicicleta rumbo a la comisaría 25, lo que quedó registrado por las cámaras de video de un banco y corroborado por testigos.
A metros, Morales fue interceptada por el subcomisario Heraldo Clavero -lo que también quedó asentando- quien le indicó que debía ingresar a la comisaría; la mujer lo hizo tras dejar su bicicleta en la calle.
De los elementos reunidos surge que dentro de la comisaría se ordenó que la mujer quedara detenida, incomunicada y alojada en una celda por violación al ASPO, pese a que no existió orden, al menos escrita, de ninguna autoridad judicial.
Una vez reducida y privada de su libertad, Morales fue llevada al Hospital de Santa Rosa del Conlara para que la revisara un médico de turno, quien constató que no presentaba las lesiones en los brazos y otros sectores del cuerpo que se detectaron luego, cuando fue hallada ahorcada.
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En base a dichos de testigos y de algunos policías, nuevamente en la seccional, Morales gritó, golpeó puertas y pidió ser liberada para cuidar a sus hijos que habían quedado solos en su casa.
Finalmente, fue hallada muerta por asfixia, con un cordón alrededor del cuello, en una celda que, según los propios policías de la dependencia, no estaba en condiciones de ser utilizada.