El Gobierno nacional oficializó este martes una reforma estructural en la industria del cine al anunciar que dejará de calificar las películas mediante el sistema tradicional. Tras la disolución de la histórica Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, el Estado busca simplificar los procesos administrativos. La medida fue dispuesta a través del Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, marcando el fin de un esquema de control que se encontraba vigente desde el año 1984.

El nuevo rol del INCAA y la homologación internacional

Con la eliminación de esta comisión colegiada, la responsabilidad de calificar la aptitud de los filmes (ATP, +13, +16 y +18) quedará concentrada exclusivamente en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El organismo asumirá la competencia técnica para establecer las categorías orientativas, pero con una novedad fundamental: se homologarán las calificaciones que las producciones traigan de organismos internacionales, evitando que cada película deba pasar por un nuevo dictamen obligatorio en territorio argentino.

Según los considerandos de la norma, el objetivo primordial es adecuar los criterios de exhibición a las transformaciones culturales y tecnológicas del siglo veintiuno. El Ejecutivo argumentó que la estructura anterior generaba demoras innecesarias y obstaculizaba la dinámica del sector audiovisual. De esta manera, se pretende agilizar el arribo de estrenos a las salas locales, eliminando lo que el Gobierno considera una burocracia rígida que no demostró eficiencia en los últimos años.

El decreto también subraya un cambio de paradigma respecto a la tutela del Estado sobre los espectadores. El texto reafirma que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de niñas, niños y adolescentes debe recaer en los padres o tutores. En este sentido, el rol del Estado pasará a ser puramente "orientativo", brindando información sobre la naturaleza del contenido pero dejando la decisión final en manos del ámbito familiar.

Esta medida se suma a una serie de reformas que el sector audiovisual viene transitando en los últimos meses bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. Para las autoridades nacionales, la digitalización y el acceso masivo a contenidos a través de plataformas de streaming hacían que el antiguo consejo de calificación resultara anacrónico. La unificación de criterios con agencias extranjeras busca integrar al país en los estándares de distribución global de manera más directa.

Por el momento, el INCAA deberá reordenar sus equipos técnicos para absorber estas funciones de control y establecer el nuevo protocolo de validación automática para las películas importadas. Mientras los exhibidores de Mendoza y el resto del país aguardan los detalles operativos, la industria se prepara para un escenario con menos filtros estatales, donde la rapidez administrativa será el eje central de la nueva política cinematográfica nacional.