El Ministerio de Justicia de la Nación, bajo la conducción de Mariano Cúneo Libarona, presentó una solicitud formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para revocar el beneficio de prisión domiciliaria de Milagro Sala. El objetivo del Gobierno es que la dirigente jujeña cumpla de manera efectiva su condena de 15 años de prisión en una cárcel común. Según el comunicado oficial, Sala fue condenada por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, y debe cumplir su pena "sin privilegios".

Denuncia de irregularidades y rechazo al "hostigamiento judicial"

En la presentación realizada ante el tribunal internacional, la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó las acusaciones de "hostigamiento judicial" planteadas por la defensa de Sala. El Ministerio acompañó documentación que demostraría que la condenada violó las condiciones del arresto domiciliario al cambiar de ubicación sin la debida autorización del juez competente. Este hecho habría activado las alertas del sistema de monitoreo electrónico, motivando las medidas de verificación que la defensa denunció como persecución.

Para la cartera de Justicia, los argumentos de la defensa buscan "fabricar un relato para sostener un privilegio" y eludir el cumplimiento estricto del régimen de ejecución penal. El Gobierno nacional sostiene que, si bien la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, la medida de protección de la Corte IDH se ha transformado en un "beneficio" que mantiene en su hogar a una persona con condena firme, lo cual consideran una injusticia frente al resto de los ciudadanos.

La postura del Poder Ejecutivo es contundente respecto al tratamiento de quienes han sido hallados culpables de delitos contra la administración pública. "En la nueva Argentina se terminaron los privilegios de la casta que se enriqueció a costa de los argentinos de bien", reza el escrito ministerial, subrayando que los derechos humanos no deben ser utilizados para garantizar la impunidad de los condenados.

La presentación subraya que no existen razones humanitarias ni legales que justifiquen la continuidad de la detención en el domicilio de la exlegisladora. El Ministerio insiste en que el cumplimiento de la ley debe ser igualitario para todos los delincuentes, independientemente de su signo político o relevancia social. Con este movimiento, el Gobierno de Javier Milei busca enviar un mensaje de firmeza en la lucha contra la corrupción.

Ahora resta que la Corte IDH analice la documentación presentada por el Estado argentino y se pronuncie sobre la vigencia de las medidas provisionales que hoy benefician a Sala. El desenlace de este pedido marcará un precedente importante en la relación entre los tribunales internacionales y la justicia interna de nuestro país en casos de alto impacto político y social.