En un nuevo capítulo judicial que sacude los cimientos del fútbol argentino, el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil de Claudio "Chiqui" Tapia. La medida se da en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de aportes previsionales. 

El magistrado no solo apuntó contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sino que extendió la disposición a su mano derecha y tesorero, Pablo Toviggino, junto a otros integrantes clave de la mesa directiva.

Una deuda millonaria y la habilitación de la feria

La justicia resolvió además habilitar la feria judicial para avanzar sin demoras en la causa que busca determinar si existió una maniobra ilegal con los fondos de la seguridad social. La denuncia fue impulsada por ARCA, organismo que atribuye a la AFA una deuda cercana a los 19.000 millones de pesos acumulada durante los últimos dos años. Según la acusación, la entidad habría retenido tributos y aportes correspondientes a empleados y clubes sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales establecidos.

El foco de la investigación recae sobre las figuras de Cristian Malaspina, secretario general, y Gustavo Lorenzo, director general, además de los mencionados Tapia y Toviggino. El fiscal de la causa fundamentó que la responsabilidad principal recae sobre el presidente de la asociación debido a su rol institucional y al manejo directo de la clave fiscal de la entidad. Por la magnitud de la cifra, se considera indispensable auditar los movimientos financieros personales de toda la cúpula.

El Régimen Penal Tributario prevé sanciones severas para este tipo de conductas, especialmente cuando se trata de montos que superan los umbrales de la seguridad social. Los investigadores buscan establecer si el dinero retenido fue desviado hacia otros fines o si simplemente existió una negligencia administrativa sistemática. Por el momento, el levantamiento del secreto bursátil permitirá a los peritos acceder a cuentas bancarias, plazos fijos y movimientos de acciones de los implicados.

Desde el entorno de la calle Viamonte aún no se ha emitido un comunicado oficial detallando la postura de la defensa. Sin embargo, la habilitación de la feria judicial indica que para los tribunales existe una urgencia institucional en esclarecer el destino de los 19.000 millones de pesos. Esta situación coloca a la dirigencia del fútbol argentino en una posición delicada, justo en un cierre de año marcado por tensiones políticas con el Gobierno nacional.

La pesquisa continuará durante los primeros días de enero con el análisis de la documentación recabada. La justicia busca determinar si los clubes fueron perjudicados de manera directa por esta falta de aportes, lo que podría derivar en nuevas denuncias cruzadas dentro del ámbito deportivo. Mientras tanto, la atención del mundo del fútbol se desplaza de los estadios a los escritorios de los tribunales de Comodoro Py y el fuero económico.