Mendoza, de de
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La investigación que se abrió por los paraísos fiscales se suma a una lista de casos que protagonizó el presidente de Chile. Con un frondoso expediente, la Cámara de Diputados presentó una acusación formal.
El caso de la minera Dominga revelado en los Pandora Papers es el último de una serie de escándalos empresariales que envolvieron al presidente de Chile Sebastián Piñera desde hace casi 40 años.
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La Cámara de Diputados presentó este miércoles una acusación constitucional en contra de Piñera por su posible vinculación en la venta en un paraíso fiscal de la minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos, al empresario Carlos Alberto Délano, íntimo amigo del mandatario. La operación fue difundida en los Pandora Papers.
La operación fue realizada en el 2010, que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera, por 152 millones de dólares y se ejecutó mayormente en las Islas Vírgenes Británicas.
El último pago estaba supeditado a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera".
La decisión de establecer un área de protección recae en la figura del presidente de Chile, pero Piñera nunca la impulsó, pese a que su gobierno canceló la construcción de una termoeléctrica de la firma franco-belga Suez que iba a instalarse en la misma zona de Dominga.
El Ministerio Público investigó el caso en 2017, pero lo cerró sin imputaciones. A raíz de la investigación de los Pandora Papers, abrirá una nueva investigación por posible cohecho, soborno y delitos tributarios.
El detalle pasó porque esta no sería la primera acusación grave en contra del actual Presidente de Chile.
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El Banco de Talca también está relacionado con Piñera. En 1982, el juez Luis Correa Bulo ordenó la detención de Sebastián Piñera, por entonces gerente general del Banco de Talca, como presunto responsable de préstamos a empresas, de las cuales muchas eran ficticias, por más de 200 millones de dólares, cinco veces su capital. Se violaba así la Ley de Bancos que sólo permite un límite máximo del 25% de sus reservas.
Piñera estuvo prófugo durante 24 días hasta que sus abogados defensores presentaron un recurso de amparo que fue acogido por unanimidad por la Corte Suprema, pero luego no fue condenado y el Banco de Talca quebró.
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Otro caso es el de LAN. En 2006, Piñera era accionista mayoritario de LAN, principal aerolínea chilena, y después de recibir un informe financiero que no había sido publicado por la compañía aérea compró tres millones de acciones.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) no lo investigó por uso de información privilegiada, pero sí lo multó por más de 400.000 dólares.
Durante su primer mandato, una de sus empresas compró acciones de la pesquera peruana Exalmar, que se benefició del resultado de la sentencia de la Corte de Justicia de La Haya sobre un litigio entre Chile y Perú que modificó el límite marítimo bilateral, agregando unos 22.000 km de mar para Perú.
Tras una investigación de nueve meses, la Fiscalía desestimó la existencia de delitos.
En 1997, cuando era senador y accionista minoritario de la empresa de electricidad Enersis, Piñera denunció a los socios mayoritarios por vender la compañía a la española Endesa con condiciones favorables para ellos.
Pero Piñera también negoció con Endesa un acuerdo ventajoso para él y terminó vendiendo sus acciones a la firma española.
La acusación que se presentó complica al presidente, pero según analistas tiene pocas chances de avanzar en el Congreso.
Para que el juicio político sea aprobado en la Cámara de Diputados de 155 miembros, se necesitan al menos 78 votos y la oposición tiene 83.
En el Senado se requieren dos tercios de los 43 legisladores (29) y los acusadores tienen 24. Se estima que sería difícil conseguir los cinco votos adicionales que precisa.
En el hipotético caso de que la acusación prosperara en el Congreso, el mismo debería elegir en un pleno a un reemplazante.
Este es el segundo pedido de juicio político que enfrenta Piñera. El anterior fue presentado en 2019 por las graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de un estallido social y fue rechazado en la Cámara, por lo que no pasó al Senado.
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