El Gobierno de Mendoza oficializó un nuevo marco regulatorio destinado a la protección integral del arbolado público en todo el territorio provincial. Publicada en el Boletín Oficial, la medida dispone que la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque unifique los criterios de fiscalización y aplique un severo régimen de sanciones ante podas agresivas, talas o erradicaciones sin autorización previa.

La normativa busca erradicar las disparidades en los castigos según el departamento donde se cometa la infracción. Con este esquema, el Ejecutivo asume la fiscalización directa sobre grandes obras interjurisdiccionales y exigirá a los municipios mantener actualizados sus planes de manejo forestal bajo la amenaza de congelarles el envío de fondos provinciales.

Severas penas económicas y posibilidad de conmutar multas

El régimen de penalizaciones contempla valores que van desde las 100 hasta las 15.000 Unidades Fiscales, las cuales podrán calcularse de manera individual por cada ejemplar afectado. La graduación de la multa dependerá de la gravedad del daño, la edad y el valor biológico del árbol, así como de la reincidencia del infractor.

Para asegurar su cumplimiento, la Provincia fue facultada a frenar de forma inmediata cualquier obra en la vía pública que carezca del aval correspondiente o de supervisión técnica. En el caso de los destrozos provocados por empresas de servicios (luz, agua o gas) o sus contratistas, las firmas deberán solventar con fondos propios la reparación y restitución de las especies dañadas.

Por su parte, las comunas que no registren sus intervenciones en la plataforma "Mi Árbol" o incumplan los informes anuales no recibirán los recursos del Fondo Forestal. No obstante, para faltas leves sin daño irreversible, se abrió la opción de conmutar la sanción económica por la entrega de nuevos ejemplares o insumos de valor ambiental.